Cargada de idealismo pero sin experiencia, Syriza asumió hace cien días el Gobierno de Grecia. Tres meses después, el equipo de Alexis Tsipras ha logrado sacar adelante cuatro leyes de su agenda izquierdista, pero con mucho ruido interno y el viento en contra desde Europa.

Tsipras asumió el Gobierno en el peor momento posible: Grecia se encontraba al borde del precipicio y sin apenas reservas económicas, pero con un compromiso frente a Europa de aplicar una serie de medidas draconianas que incluso el ejecutivo conservador anterior no había estado dispuesto a aceptar.

Tras el mutismo que marcó la legislatura del conservador Andonis Samaras, el nuevo equipo introdujo un viento fresco al estilo de comunicación al que estaban acostumbrados los medios de este país, con entrevistas y declaraciones por doquier e infinidad de anuncios sobre leyes que iban a adoptarse "inmediatamente".

La otra cara de la medalla de esta locuacidad ha sido la ausencia total de una coordinación entre los diferentes actores, de forma que en un solo día se podía escuchar a dos ministros diciendo cosas diametralmente opuestas.

Finalmente, las leyes aprobadas han sido cuatro y algunas de ellas con varios retrasos, pues Atenas se comprometió ante sus socios a no adoptar medidas unilateralmente.

La primera fue la ley para combatir la crisis humanitaria, uno de los principales caballos de batalla de la campaña electoral, que finalmente vio la luz del día con las alas algo recortadas, pues se había diseñado para 300.000 familias y finalmente se hizo solo para la mitad.

El desembolso iba a ser de casi 2.000 millones y de momento solo se han aprobado 200 millones; el resto queda para un futuro que dependerá de la evolución de las negociaciones y de si Grecia obtiene finalmente la ayuda pendiente y nuevos fondos.

Otras leyes han sido las que posibilitan la devolución de las deudas a Hacienda y la Seguridad Social en hasta cien plazos -que el Gobierno aprobó en contra de la voluntad de los socios de la antes llamada "troika" (Comisión Europea, Banco Central Europeo, Fondo Monetario Internacional), la que prevé la mejora de la situación en las penitenciarías y la de la restitución de la radiotelevisión pública ERT.

Para el portavoz del Gobierno, Gavriil Sakelaridis, uno de los principales éxitos de estos primeros cien días ha sido precisamente la ley de la devolución a plazos, a la que se han acogido por ahora 277.000 personas que desean regular deudas por un total de 2.200 millones de euros, de las que han sido pagados ya 110 millones de euros.

En medio de todas estas iniciativas de carácter económico, el Gobierno de Tsipras ha sacado adelante también otras dos iniciativas con claro acento izquierdista y sin el rechistar de su socio de Gobierno ultranacionalista, el partido de los Griegos Independientes.

Una ha sido que la policía no vaya armada en la primera línea de las manifestaciones, y la otra la puesta en libertad de numerosos inmigrantes ilegales que se encontraban en los centros de detención.

La recuperación de deudas pendientes, pero sobre todo de los millones de euros en depósitos no declarados repartidos por todo el mundo, así como la lucha contra el fraude en el pago del IVA son los tres pilares con los que el Gobierno de Tsipras espera obtener el dinero fresco que la economía griega tanto necesita para salir de la crisis.

Sin embargo, la falta de progresos en las negociaciones, sumada a las contradicciones diarias que produce este equipo polifónico de quijotes procedentes de todo el espectro de la izquierda, ha generado una desconfianza en el mundo inversor que ha hecho disparar aún más la deuda en el mercado secundario y ha acentuado la fuga de depósitos que comenzó ya en las últimas semanas del Gobierno conservador.

Sakelaridis reconoce que uno de los errores del Gobierno fue haber subestimado los problemas de liquidez que surgirían en la economía real.

El propio Tsipras admitió recientemente que la mayor equivocación fue no haber querido reconocer desde el principio que Grecia necesitaba los 7.200 millones de euros pendientes del rescate. 

En los primeros días de Gobierno, el ministro de Finanzas, Yanis Vaurakis, el político más adorado dentro del país y el más odiado por sus socios de la eurozona, había asegurado que Grecia podía prescindir del resto del rescate y del programa de reformas que va vinculado a él si en su lugar recibía un crédito puente.