"Yo sé que el agua llegó hasta aquí, pero es nuestra tierra, donde nacimos y trabajamos", dice Paula Farías (28), al borde del camino costero de Iloca, Séptima Región. La mujer vive junto a su pareja, el pescador artesanal Benedicto Muñoz, y a sus dos hijos, en una vivienda tsunami-resistente que le acaba de entregar el gobierno, ubicada a 150 metros de un punto donde, tras el 27/F, el mar se desbordó y arrasó con todo. "Rezo para que no vuelva a ocurrir, pero aquí estamos felices", agrega.
Un poco más al sur, en Pichilemu, Sexta Región, el alcalde Roberto Córdova sostiene que "hay muchos estudios científicos, pero en la práctica yo no puedo tomar un pueblo completo y moverlo 50 metros más atrás", dice aludiendo a los informes técnicos sobre las zonas rojas -o inundables- entregados por La Moneda.
"La mayoría fue trasladada a sitios altos, pero en la zona roja, por diferentes razones, siguen trabajando y viviendo unas mil personas", detalla.
Casos como el de Farías corresponden a personas que, por apego a la tierra, necesidades laborales o dificultades para hallar otro terreno, han resuelto seguir viviendo junto al mar.
Pablo Ivelic, coordinador nacional del Programa de Reconstrucción del Ministerio de Vivienda, afirma que "se podía haber desalojar todo el borde costero o volver a habitarlo normalmente, pero se eligió una alternativa intermedia: reconstruirlo de forma segura, con viviendas tsunami-resistentes y medidas de mitigación de riesgo, en caso de una nueva emergencia".
Lo concreto es que aún está en trámite un decreto para restringir la construcción en zonas inundables, y los planes reguladores de los municipios todavía no consideran esa variable. A tres años del tsunami que cobró 156 vidas, algunos volvieron a vivir al lugar donde el mar se lo llevó todo. Estas son sus historias y sus razones.
