Ese domingo, al día siguiente del tsunami del 27/F (2010), Juan de Dios Gutiérrez fue hallado muerto a varios metros de la aduana de Talcahuano, Región del Biobío. Allí se desempeñaba como vigilante nocturno y las olas lo arrastraron fuera de su lugar de trabajo. Con 70 años, no pudo escapar.
"Todos fuimos afectados: perdimos a mi abuelo de manera trágica y el hogar quedó sin sustento", comenta Loreto Muñoz, su nieta.
El 31 de enero pasado esta familia presentó una demanda indemnizatoria, ante el 1º Juzgado Civil de Talcahuano, por $ 80 millones. Acusan "falta de servicio del Estado", es decir, no haber recibido oportunamente la alerta de tsunami. Muñoz añade que "sería ideal que, por el dolor que vivimos, las víctimas tuvieran un tratamiento especial".
El 27 de febrero de 2013, en medio de una gira por las regiones afectadas por el terremoto, el Presidente Sebastián Piñera visitó la Isla Orrego, en Constitución. Allí señaló que "(la indemnización) es un tema que está siendo conocido por los tribunales, porque muchas familias han demandado. Solamente puedo decir, en términos generales, que si el Estado tuvo responsabilidad, cualquiera que haya sido, tiene una obligación". Y agregó que "hay conversaciones para que, cuando corresponda, el Estado asuma su responsabilidad y busque aliviar, mitigar y compensar, porque la pérdida de una vida humana es imposible recuperarla".
A 19 días de que se cumpla un nuevo aniversario de la tragedia, familiares y abogados de las 108 víctimas -consideradas en la investigación que sigue la fiscalía- señalan que, respecto de las reparaciones económicas, no hay avance. En el gobierno, sin embargo, sostienen que hubo conversaciones con las familias, pero que algunas alternativas fueron desechadas por ellos mismos y que la vía extrajudicial fue desestimada por el Consejo de Defensa del Estado (CDE).
JUSTICIA CIVIL
"Pensamos que habría mesas de trabajo con el CDE, fue una luz de esperanza que nos ayudaría a rearmar nuestras vidas, pero no pasó nada", cuenta Carlos Pareja, quien en la Isla Orrego perdió a su cónyuge e hija.
Pareja es representado por el abogado Raúl Meza, asesor de los parientes de seis fallecidos, por los que solicita -a través de la vía civil- cerca de $ 1.500 millones.
"Hemos tenido reuniones con el Ministerio del Interior, pero el CDE, sencillamente, no ha aprobado la posibilidad de iniciar una negociación", dice Meza.
Una alta fuente de gobierno ratifica que en mayo de 2013, tras las declaraciones del Presidente, el ministro del Interior, Andrés Chadwick, se reunió en La Moneda con víctimas y representantes, y que se conversaron varias opciones de reparación. Pero que los familiares desestimaron la posibilidad de enviar un proyecto de ley para acelerar las indemnizaciones, porque aquella alternativa sólo podría establecer reparaciones de carácter general y no situaciones particulares, como ellos solicitaban.
En La Moneda agregan que, frente a esta situación, solamente quedaban dos vías: la judicial, a través de demandas, y la extrajudicial, que le correspondía al CDE. Y que si bien los representantes de las víctimas sostuvieron una reunión con Sergio Urrejola, presidente de esta entidad, y le solicitaron un mecanismo de solución, según sus antecedentes, aquella posibilidad habría sido rechazada por los consejeros del CDE.
El abogado Meza añade que la idea del proyecto de ley existió y les fue propuesta por un grupo de parlamentarios. Pero ratifica que se opusieron: "Habría tomado un tiempo de tramitación muy extenso, no era viable". En paralelo, el diputado Frank Sauerbaum (RN) añade que se evaluó la propuesta, pero "no estaban los votos (en el Parlamento) para aprobar esa iniciativa".
El abogado Alfredo Morgado, quien asiste penalmente a otras familias, afirma que "en la tragedia de Antuco (2005), en la que yo representé a víctimas, las demandas fueron una formalidad para iniciar negociaciones con el CDE. Y en ocho meses, éstas se tradujeron en traspasos de recursos, que oscilaron entre los $ 80 y $ 120 millones".
Lorena Hoffmann, vocera de otro grupo de familias, explica que confiaban en que durante 2013 habría un acercamiento entre el CDE y los parientes de los afectados. "Estamos desilusionados: se prometió mucho y no se cumplió", dice.
DEMANDAS EN CURSO
La mayor demanda fue presentada el 16 de enero por el abogado Juan Vasseur ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. Ya la había interpuesto en 2012 en Santiago, pero tuvo que reiniciar la causa desde cero. Ella involucra a 201 familiares de 69 víctimas y solicita una indemnización cercana a $ 66 mil millones.
Ahora, sin embargo, estas acciones cuentan con un precedente: el fallo de la Corte Suprema, del 18 de diciembre pasado, que fijó la responsabilidad del Estado en la muerte de Mario Ovando, en Talcahuano, y condenó al Fisco a pagar $ 55 millones.
El abogado Adolfo Ortega llevó esta causa: "Para las familias de las víctimas es impactante revivir su pesadilla en un juicio. Eso se podría evitar con una mesa de trabajo y acuerdos". Añade que en noviembre de 2010, el CDE no se presentó a una instancia conciliatoria con los afectados, lo que podría haber evitado el litigio.
Carlos Fairlie, abogado de diputados de la Alianza, señala que tras el fallo de la Suprema, le envió una carta al Ejecutivo, abogando por las familias con su proceso pendiente. "Lo más probable es que los juicios civiles duren una eternidad. Lo mejor sería repararlos", observa.
A principios de enero, Sergio Urrejola, presidente del CDE, dijo que "el Consejo tiene que defender los intereses fiscales y tiene la obligación, por ley, de hacerlo hasta última instancia". Consultado el CDE en este reportaje, la institución declinó referirse al tema.
