En marzo se cumplirán cinco años desde que comenzó la investigación por la falta de alerta de tsunami del 27 de febrero de 2010 y que causó la muerte de un centenar de personas. Pese al tiempo transcurrido, aún no hay una fecha fijada para la preparación del juicio oral, aun cuando la investigación fue cerrada el 31 de julio de 2014.
La razón detrás de la prolongación del proceso radica en que el 23 de septiembre pasado la causa fue paralizada tras la presentación de un requerimiento ante el Tribunal Constitucional (TC). La acción fue interpuesta por el abogado Gonzalo Medina, defensor de Mario Andina, teniente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (Shoa), acusado en la causa.
Junto al oficial de la Armada, en la indagatoria la fiscal Solange Huerta también acusó a otras cinco personas como presuntos autores de cuasidelito de homicidio de 101 personas en el archipiélago Juan Fernández, San Antonio, Constitución, Talcahuano, Tomé y Arauco. Entre ellos está el ex subsecretario del Interior Patricio Rosende (imputado por 74 decesos) y la otrora directora de la Onemi Carmen Fernández (acusada por 27 cuasidelitos de homicidio). También integran el listado miembros activos y en retiro del Shoa.
El requerimiento presentado por el abogado Medina -y al que adhirieron otras defensas- plantea que, de aplicarse el delito contra su cliente, se vulneraría el principio de legalidad, ya que el ilícito que la fiscalía le atribuye no está claramente descrito en la ley.
Así, luego de que el 30 de septiembre pasado se declarara admisible el requerimiento del abogado Medina, el Tribunal Constitucional fijó para marzo la vista de la causa e iniciará los alegatos.
Según explicaron desde el organismo, el retraso en su revisión se debe a que durante este período el TC ha recibido una importante cantidad de proyectos de ley que vienen con suma urgencia desde el Congreso, por lo que han tenido que agregar sesiones extraordinarias. Además, actualmente la relatora de la causa está de vacaciones y en febrero el pleno de ministros no funciona.
Dos nuevos integrantes del TC, los ministros Cristián Letelier y Nelson Pozo, deberán ver la causa. Sin embargo, según fuentes de la institución, Pozo informó a sus pares que se inhabilitará de revisar el requerimiento.
La razón es que el 6 de noviembre de 2012 el ministro Pozo entregó su opinión de fondo respecto de la causa, cuando presentó un informe en derecho encargado por la defensa de Carmen Fernández. "El actuar de la señora Fernández Gibbs en la contingencia mencionada (...) se encontraba totalmente condicionado por la información proporcionada por el Shoa y sólo canalizada por la Onemi, y por lo mismo carecía, de hecho, de toda capacidad decisoria", argumentó Pozo en su informe.
Para Luciano Fouillioux, defensor de Fernández, "el ministro Pozo efectivamente emitió un informe en derecho, a requerimiento de esta defensa, mucho antes de ser nombrado ministro del TC. No necesita que nadie lo pida, porque se va a inhabilitar y nosotros vamos a estar completamente de acuerdo, porque él tiene una opinión formada en cuanto a que aquí no hay delito".
En tanto, hay otros que estiman que el ministro y ex diputado UDI Cristián Letelier, quien presidió la comisión investigadora del 27/F en la Cámara, también debería inhabilitarse. Entre algunos de sus dichos destaca uno emitido el 16 de mayo de 2013 en CNN. En esa oportunidad, dijo que "Michelle Bachelet debería ser formalizada por el cuasidelito de homicidio", ya que, a su juicio, en los videos "se ve en todo momento que tenía la responsabilidad y que ejercía el mando". Consultado por La Tercera sobre su eventual inhabilidad, Letelier declinó referirse al tema.
Para el abogado querellante José Pablo Forteza, en el caso de Letelier "no veo por dónde podría incurrir en una inhabilidad, a diferencia del señor Pozo. No conozco ningún texto o declaración del señor Letelier donde haya emitido un pronunciamiento de fondo".
Sobre la importancia de la resolución del TC para la causa penal, Fouillioux dijo que "si logramos imponer nuestra tesis de la inconstitucionalidad de la situación, el juicio se acaba".
Gonzalo Medina, defensor de Andina, en tanto, aseguró que este "es un caso muy complejo. El caso se ha tramitado de una manera adecuada, no ha existido ánimo de ninguna parte de dilatar el proceso. Además, las víctimas han demandado civilmente para buscar indemnización de perjuicios, lo que no tiene nada que ver con la arista penal".
En la misma línea, el abogado querellante Raúl Meza dijo que “si el Tribunal Constitucional estima que esas normas no tienen el carácter de norma legal, la imputación se cae y, por lo tanto, habría que dejar sin efecto la acusación en contra de los imputados".
