El 25 de febrero de 1982, el dirigente de la Asociación Nacional de Empleados Fiscales de Chile Tucapel Jiménez fue interceptado en su vehículo y asesinado por agentes del Estado. Uno de ellos fue Carlos Herrera Jiménez, quien participó ayer en el acto en el que internos de Punta Peuco pidieron perdón. Su hijo, el diputado PPD Tucapel Jiménez, analizó los alcances de esta ceremonia.
¿Cómo toma el perdón solicitado por Carlos Herrera Jiménez?
A mí, que él haya participado en el acto no me sorprende, porque siento que hay legítimas dudas por parte de las organizaciones y la ciudadanía en que se está asociando el hecho de pedir perdón a un beneficio. En ese sentido, digo inmediatamente que si es así, el perdón no es sincero. La diferencia de Carlos Herrera Jiménez es que pidió perdón desde el comienzo, cuando no estaba en el debate este tema. Creo que eso es más valorable. Pero no puede ir asociado a un beneficio, dado que bastaría con cometer un delito, pedir perdón y que te entreguen beneficios.
¿Cree que los familiares de las víctimas del régimen militar aceptarán estas disculpas?
Yo en este tema hablo a título personal, puesto que ni siquiera lo he conversado con mis hermanos, y ellos legítimamente pueden tener una postura diferente. El dolor es una cosa tan personal. Recuerdo que en el año 2000, cuando él pide perdón, yo dije en ese entonces que estaba tranquilo y me había reconciliado con la vida y que si él quería pedir perdón a alguien no era nosotros, que si era creyente se lo pidiera a Dios y a su familia, no a la nuestra. Eso no significa que estemos con odio, hicimos todo lo posible para que se hiciera justicia y se conociera la verdad. Que él cumpla su condena en las condiciones más dignas posibles. Nunca pedimos que lo colgaran en la plaza de armas, eso sería caer en lo inhumano, ser como ellos fueron con nuestros familiares. Yo no habría cometido nunca, al igual que todos los chilenos, los crímenes que perpetraron.
Hay internos que pidieron perdón porque dijeron que hicieron daño por seguir las órdenes de sus superiores y que ahora están decepcionados.
Comprendo que más de alguno pudo haberse sentido intimidado o con temor y haber cometido un delito. Pero también hay otros militares, como en el caso de mi padre. Yo sé que al menos uno rechazó la orden. Ellos tienen que asumir los crímenes horribles que cometieron y que han tenido beneficios de todo tipo. Cuando se habla de que no los han tenido, es totalmente falso. En el sistema penal antiguo, al ser procesados se iban a un regimiento militar y salían cuando querían. Como el caso de Alvaro Corbalán, que lo pillaron comprando en una verdulería. A la hora de recibir las condenas, a todos se les aplicó la media prescripción. Un ejemplo de esto fue el ex fiscal militar Fernando Torres Silva, quien recibió 80 días de pena remitida. Hay uno que recibió indulto en el crimen de mi padre, hay muchos que tienen salida dominical. Entonces, decir que no han tenido beneficios me parece injusto. Decir que el que busca justicia es vengativo, es un error. Y señalar que los que se oponen a los casos humanitarios son inhumanos, también me parece injusto. Las organizaciones dicen que cumplan sus condenas en la cárcel de forma digna.
¿Qué opina sobre este punto?
En los casos humanitarios de enfermedades terminales, no tengo problema que se estudie caso a caso. Respecto de una persona que realmente tiene una enfermedad terminal, esté en Punta Peuco o en una cárcel común, tenga la edad que tenga -porque no puede estar asociado a la edad, porque esos sería apuntar solo a Punta Peuco-, yo no me podría oponer que esta cambie el lugar de arresto a su domicilio. Solo en casos muy estudiados, con un criterio claro, con un consejo médico, porque vimos lo que ocurrió con el certificado de demencia senil falso que le dieron a Augusto Pinochet.
¿Entonces no se opone al cambio a arresto domiciliario para condenados que estén en enfermedades graves?
Solo (podría aplicar) en enfermedad terminal, hay que acotarlo, y que el beneficio no esté asociado a la edad, porque qué le podrías decir a un joven que está en una cárcel pública que con 30 años tiene una enfermedad terminal, dado que los de Punta Peuco podrían salir y él no. Debe ser una política humanitaria abierta a todos y no solamente enfocada a ese penal.
