Penas que van desde la prohibición de suscribir contratos con el Estado por hasta cinco años y el pago de una multa superior a los $ 84 millones, son algunas de las sanciones que arriesga la personalidad jurídica de la Universidad del Mar.

A través de un escrito ingresado en el Octavo Juzgado de Garantía de Santiago, el jefe de la Fiscalía de Alta Complejidad de la zona Oriente, Carlos Gajardo, pidió fijar una fecha para concretar un juicio abreviado contra la casa de estudios.

Tanto la fiscalía como la defensa de la institución acordaron llegar a dicha instancia y así poner fin a esta arista de la investigación por el supuesto pago de sobornos para obtener la acreditación de la entidad. En el juicio abreviado, que también fue aprobado por el Consejo de Defensa del Estado, representantes de la universidad aceptarían su responsabilidad en el delito de soborno.

Desde el Ministerio Público aseguran que de ser condenada, la U. del Mar se transformaría en la primera institución de educación superior en ser sancionada bajo la Ley 20.393, que establece responsabilidad penal de las instituciones en casos de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y cohecho y soborno. Las sanciones deberán ser ratificadas por un tribunal.

Durante la investigación, el Ministerio Público detectó que, tras ser acreditada en 2010 por un período de dos años, la U. del Mar habría obtenido $ 2.753 millones provenientes del Crédito con Aval del Estado (CAE) durante su primer año. En tanto, en 2012, el plantel habría recibido otros $ 4.036 millones, por igual concepto. Según la fiscalía, la institución habría accedido a estos dineros mediante las supuestas acreditaciones irregulares.

Por hechos similares, la fiscalía imputó el delito de soborno a las personalidades jurídicas de la U. SEK y U. Pedro de Valdivia.

Según la fiscalía, el delito de soborno se habría consumado para obtener la acreditación de las casas de estudio, ilícitos que se habrían cometido entre el segundo semestre de 2010 hasta fines del año 2011.

PAGOS Y PENAS

La Fiscalía Oriente inició esta arista tras formalizar al ex presidente (S) de la Comisión Nacional de Acreditación (CNA) Luis Eugenio Díaz, quien fue imputado por lavado de activos, cohecho, tráfico de influencias, negociación incompatible y violación de secreto.

En paralelo, el ex rector de la U. del Mar Héctor Zúñiga y su homólogo de la U. Pedro de Valdivia Angel Maulén, fueron formalizados por delitos de soborno y lavado de activos.

La investigación de la arista contra las personalidades jurídicas comenzó a fines de 2012, cuando el CDE pidió a los fiscales Carlos Gajardo y Pablo Norambuena, indagar la responsabilidad de las universidades involucradas.

De ser condenada y aplicarse la prohibición de celebrar contratos con el Estado, la Universidad del Mar dejaría de percibir recursos del CAE, los cuales ya no recibía por perder la acreditación.

Consultado ayer por La Tercera, el actual rector de la Universidad del Mar, Patricio Galleguillos, dijo que "como la universidad está declarada en quiebra, todos los juicios que están en contra de la universidad tienen que acumularse en el juicio de la quiebra". Agregó que "no se puede avanzar nada si no se ve el tema de la quiebra".