Luego de semanas de conversaciones, al fin se zanjó la demanda civil presentada por la U. Católica contra el Estado, luego de que en noviembre del año pasado, en la discusión del Presupuesto 2017, el Ejecutivo eliminara los fondos del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que se otorga a los 27.500 mejores puntajes PSU, y redistribuyera esos recursos en el Consejo de Rectores (Cruch).
Con esa acción, la UC perdió los recursos que recibía por el AFI, lo que la llevó a recurrir a la justicia. Según el rector, el Mineduc estaba incumpliendo la ley vigente señalada en decreto con fuerza de ley n°4, que señala la obligación del Estado de otorgar anualmente un aporte fiscal indirecto a todas las universidades, institutos profesionales y centros de formación técnica.
Fue durante la inauguración del año académico del plantel, cuando el rector Ignacio Sánchez señaló que la institución estaba trabajando en una mesa con los ministerios de Educación y de Hacienda para llegar a un acuerdo por la demanda.
Mediante un comunicado, Hacienda señaló que las negociaciones "han confluido en el compromiso del Ejecutivo de remitir, durante junio del presente año, al Congreso Nacional, un proyecto de ley que considere -dentro del marco de restricción presupuestaria existente-, una cantidad acotada de recursos para que las universidades puedan recibir, conforme a las normas del D.F.L. N°4, de 1981, un aporte fiscal indirecto. Asimismo, se ha tomado la decisión de eliminar el AFI como mecanismo de financiamiento a la educación superior, iniciativa que era hasta ahora parte del proyecto de ley de la reforma de educación superior, en discusión en el Parlamento".
El monto que se entregará este año a repartir entre los planteles que debían recibir fondos del AFI bordeará los $ 2.000 millones, de los cuales un 24% serán para la UC.
Desde la Universidad Católica, su rector, Ignacio Sánchez señaló que "la Universidad Católica valora el trabajo realizado con el gobierno, ya que permite cumplir de manera cabal con la legislación vigente y de esta forma se le da un marco de trato uniforme y global en el término del AFI a todo el sistema de educación superior. En los próximos meses se trabajará de manera conjunta para poder implementar los acuerdos que se han alcanzado entre la UC y ambos ministerios y que se explicitan a través de este comunicado".
Respecto a la situación de la demanda, desde el plantel académico aclararon que una vez que cumpla con los compromisos pactados se decidirá el retiro de la demanda, lo que debería suceder durante la primera quincena de junio.
Juan Echaurren, consejero superior de la UC, señaló que la decisión que se había tomado de retirar los fondos de AFI restringía el financiamiento hacia las universidades "por lo que condenamos el actuar del gobierno. Ahora, el acuerdo es una buena noticia, sin embargo, la Universidad no debe desentenderse de velar por el mejor funcionamiento del sistema educacional".
