De acuerdo a lo establecido en el proyecto de ley de reforma a la educación superior, las instituciones tendrán un tope máximo para los aranceles de los alumnos que no sean beneficiados con la gratuidad. Ese límite implica que el cobro para los estudiantes del séptimo decil no podrá exceder el 40% del arancel regulado; y en el caso de quienes se ubican en los deciles ocho y nueve, no se permite cobros que superen el 60% del valor fijado por el Estado para sus carreras
Esto implicará una merma económica en algunas instituciones como la U. Católica, la U. Finis Terrae y la U. Diego Portales, según han advertido sus autoridades. Esto, porque los aranceles regulados no reflejan los valores que algunas instituciones estiman para ciertas carreras.
En el caso de la U. Católica el déficit anual por este items podría alcanzar los $ 2.800 millones al año, según indicó el rector Ignacio Sánchez. En ese cálculo, se estima para este año una pérdida por arancel de $ 500 millones por los estudiantes que pertenecen a los deciles mas altos de ingresos y de $ 2.380 millones por el atraso de alumnos con gratuidad, ya que el beneficio cubre sólo la duración formal de la carrera, y superado ese tiempo éstos deben pagar mensualidades.
"Creo que la fijación de aranceles en los estudiantes que no están afectos a la gratuidad significa un riesgo muy grande para el desarrollo de las universidades. Es importante poder analizar en detalle los aranceles regulados considerando la calidad de cada uno de los programas universitarios, su planta de profesores, los laboratorios, la infraestructura y la investigación que se realiza en estas instituciones", indicó el rector.
Sánchez agregó que "en los próximos meses, es clave corregir los errores de la reforma, uno de ellos es el financiamiento estudiantil y de las instituciones".
El rector de la U. Finis Terrae, Cristian Nazer, explicó que considerando los mismos aranceles regulados que estimaron para este año para cada carrera, porque el Mineduc aún no ha informado los definitivos, el impacto económico llegaría al menos a $ 1.400 millones por los topes en los cobros que establece la nueva normativa.
"Por fijación de aranceles alumnos sin gratuidad la brecha sería de $ 970 millones anuales. Y por fijación de aranceles por sobre duración en la carrera, esta medida nos podría significar un déficit adicional cercano a los $ 500 millones". A estos montos se debe sumar que la pérdida por las diferencias en la definición de aranceles para los estudiantes con gratuidad podría llegar a $ 3.860 millones", detalló Nazer.
El tema de las brechas que se producirán por los alumnos que pierden la gratuidad al exceder la duración formal de la carrera no sólo preocupa a la U. Finis Terrae. El rector de la U. Católica de Temuco, Aliro Bórquez, planteó que "el financiamiento para gratuidad no da cuenta de la realidad del sistema universitario chileno. No considera la tasa de titulación oportuna. Solo financia la duración nominal de las carreras, esto se hizo saber reiteradas veces, incluso con una indicación".
Según Bórquez lo que podría ocurrir en dos años más es que las familias y la propias instituciones tengan que buscar la manera de financiar los aranceles de aquellos estudiantes que superan el límite de los años que debe durar su carrera. "Esto desfinanciará a universidades como la nuestra y nuevamente endeudar a las familias para que sus hijos terminen sus carreras", advirtió Bórquez.
Otro de los problemas que ya han criticado algunos rectores es la limitación en el crecimiento de cupos y matrícula, que actualmente permite a las instituciones crecer solo 2,7% al año.
Y aunque la ley permite que los planteles puedan aumentar cupos con la venia de Hacienda y del Presidente de la República, el tema preocupa a las autoridades universitarias.
El rector de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva, planteó que "lo complejo para nosotros es el impedimento de crecer en matrícula, porque somos una universidad joven que necesita aumentar sus cupos y esta restricción lesiona mucho la autonomía e impide el financiamiento".
Si bien ese plantel no tendría déficit adicionales por la fijación de aranceles, debido a que sus carreras no son de altos costos, el rector Silva manifestó que "solidarizo con los proyectos universitarios que se ven lesionados con esto".
Los problemas económicos, que en algunas universidades se podrían agudizar con la nueva ley, han llevado a ciertas instituciones a manifestar que deberán revisar si las nuevas condiciones les permiten mantenerse en la gratuidad, es el caso de la U. Diego Portales, U. Católica y U. Alberto Hurtado.
Y hay otros planteles que celebran no haberse sumado a esta política: "Nosotros no entramos el primer año porque anticipamos estos problemas y estamos hoy día convencidos que fue una buena decisión quedarse fuera. La prueba es la situación financiera en que están las universidades que sí entraron", subrayó el rector de la U. del Desarrollo, Federico Valdés.
Pese a las críticas la política sumó nuevas instituciones para este año. Una de ellas es la Academia de Humanismo Cristiano.
Para los rectores, el cambio de gobierno representa una posibilidad de subsanar algunas de las disposiciones del proyecto de educación superior.
