Ucrania celebra sus primeras elecciones legislativas el próximo domingo desde el cambio de poder en febrero inmersa en un conflicto armado el este del país, donde los separatistas prorrusos anunciaron que boicotearán las votaciones en las zonas bajo su control.
Kiev ha insistido en que el hecho de que los comicios no se lleven a cabo en la totalidad de las regiones orientales de Donetsk y Lugansk, donde antes del estallido del conflicto vivían unos 6,5 millones de personas (cerca del 15% de la población del país), en ningún caso puede empañar su legitimidad.
Aunque no hay registros fiables sobre el número de desplazados por las acciones militares, se estima que más de un millón de personas dejaron sus hogares para trasladarse, en su gran mayoría, a Rusia, y a otras regiones de Ucrania.
"Aquí no se celebrarán elecciones", declaró el viceprimer ministro de la autoproclamada República Popular de Donetsk (RPD), Andréi Purguin, en alusión a los comicios convocados por las autoridades de Kiev.
Según el dirigente prorruso, la RPD y su similar de Lugansk elegirán sus propios Parlamentos y a sus líderes en unas elecciones que tienen previsto celebrar el 2 de noviembre próximo.
El presidente de Ucrania, Petró Poroshenko, ha subrayado la necesidad de que en las zonas de las regiones de Lugansk y Donetsk controladas por las autoridades las elecciones del próximo día 26 sean absolutamente transparentes.
La advertencia del jefe del Estado obedece a la presencia de fuertes contingentes militares en dichas zonas, que de hecho viven en un estado de excepción no declarado, con los riesgos que ello supone para una jornada de votación con garantías.
Desde el 25 de mayo pasado, cuando Poroshenko fue elegido presidente, las fuerzas armadas ucranianas han conseguido ampliar considerablemente su control en las regiones rebeldes.
En esas presidenciales, según los datos del Comisión Electoral Central de Kiev, la participación electoral en las regiones de Lugansk y Donetsk fue insignificante, del 4,79 y 3,22 % de un censo electoral conjunto de cerca de 5 millones de ciudadanos.
Ahora, cuando Kiev controla más del 50% de los territorios de ambas regiones, aunque no sus principales ciudades, se espera que este domingo la participación sea significativamente más elevada que hace cinco meses.
"Según nuestros pronósticos, si se mantiene la actual situación en nuestra región la participación ciudadana será de entre el 35% y el 40%", declaró la semana pasada el gobernador de Lugansk, Guennadi Moskal.
El jefe regional, designado por Kiev, destacó que la campaña electoral en las zonas de Lugansk controladas por el Gobierno central ucraniano transcurre en un clima de normalidad.
"Pero si la situación empeora, a las urnas acudirán muchos menos electores", advirtió Moskal.
En vísperas de las elecciones, Poroshenko promulgó una ley que concede un estatus especial de autogobierno por un período de tres años a los territorios controlados por los secesionistas.
"Nosotros lo vemos como un paso positivo porque, con ello, Kiev admite no solo la existencia del problema, sino también que éste no se puede resolver con los anteriores métodos", comentó Purguin en declaraciones a la agencia oficial rusa RIA-Nóvosti.
El dirigente separatista indicó que la aprobación de la autonomía provisional es un indicio de que en Kiev "comienza a imponerse el partido de la paz y no el de la guerra".
Sin embargo, Purguin subrayó de que la RPD no acatará esa ley, que incluye la celebración de elecciones municipales el 7 de diciembre.
"Había que haberla aprobado en marzo, cuando lo exigíamos. Ahora, después de la muerte de miles de personas, de bombardeos, de destrucción de viviendas, después de torturas y crímenes de guerra, ya es tarde", enfatizó.
El acuerdo de alto el fuego firmado en Minsk con mediación europea y rusa el 5 de septiembre no ha puesto fin del todo a las hostilidades entre las fuerzas ucranianas y las milicias separatistas prorrusas, que se achacan mutuamente la responsabilidad por su incumplimiento.
Tampoco se ha avanzado en la implementación del memorándum de paz firmado dos semanas después, también en la capital bielorrusa, que incluye, entre otros puntos, la creación de una zona seguridad de 30 kilómetros sin armamento pesado y el control de la frontera ruso-ucraniana.
Según datos del Ministerio de Asuntos Exteriores de Ucrania, desde el acuerdo de alto el fuego las milicias prorrusas han violado la tregua más de 1.400 veces, acciones que se han cobrado la vida de 68 militares y 51 civiles.
De acuerdo con el último informe de la Oficina de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, 3.660 personas han muerto en el este de Ucrania desde el estallido del conflicto.
