Durante una reunión almuerzo, en los comedores de la Cámara, diputados de la UDI se dedicaron a analizar ayer las opciones y alcances de una ofensiva fiscalizadora  contra el ministro de Transportes, Andrés Gómez-Lobo, que en los últimos días viene proponiendo un grupo de legisladores gremialistas.

Aunque la arremetida impulsada principalmente por los diputados UDI de la Región Metropolitana consideraba desde una interpelación hasta una acusación constitucional contra el secretario de Estado del PPD, en la cita de ayer -y pese a las resistencias iniciales- la mayoría terminó inclinándose por avanzar en la presentación de un libelo.

La acusación, explican legisladores del partido, apuntaría al incumplimiento de la ley de parte del ministro, a raíz de los graves problemas que ha experimentado en el último tiempo el transporte público capitalino, y especialmente por el colapso de Metro el pasado 14 de noviembre.

Diputados de la UDI comentan que incluso ya está en preparación un borrador del libelo acusatorio, a cargo del abogado de la bancada Rodrigo Pinochet y el jurista Gustavo Rossende, además de la asesoría de la Fundación Jaime Guzmán. Además, sostienen que el interés de avanzar en un juicio político contra el ministro PPD cuenta con la venia de la directiva de la colectividad.

Consultado al respecto, el jefe de la bancada UDI, Felipe Ward, se excusó de entregar detalles de la discusión, argumentado que es un tema que primero debe ser resuelto por toda la bancada y que en la reunión de ayer no estaban todos presentes.

Por su parte, José Antonio Kast dijo: "Lo que estamos estudiando es cómo hacer exigible al ministro el cumplimiento de sus deberes, ya que estamos frente a una extrema negligencia del gobierno ante la provisión del servicio de transporte público".

Estrategia gremialista

A pesar de la inclinación mayoritaria hacia la acusación, en las filas gremialistas dicen estar consientes de que -dada la mayoría del oficialismo en la Cámara- el libelo practicamente no tendría probabilidades de pasar al Senado: aunque se requieren diez firmas para entablar un juicio, se necesita de la mayoría simple de los diputados presentes en la sala para aprobar la procedencia de la acusación.

Con todo, en la colectividad de calle Suecia comentan que el sólo hecho de abrir un juicio político contra el titular de Transportes forzaría al gobierno y al oficialismo a asumir los costos de tener que defender públicamente la gestión de quien es sindicado como el responsable de los problemas de transporte público.

En este sentido, también se menciona en la UDI la presión que un libelo instalaría en la DC, partido desde donde se cuestionó la permanencia de Gómez-Lobo en la cartera tras la mega falla de Metro.

Asimismo, sostienen que un juicio contra el ministro podría generar un dilema para el gobierno, en el entendio de un próximo cambio de gabinete y en el supuesto caso de que Gomez-Lobo estuviese considerado dentro de los ajustes.