Pocos minutos después de que el fiscal a cargo del caso FUT, Carlos Gajardo, confirmara el martes en la tarde que habían hechos constitutivos de delito en su investigación, el presidente de la UDI, Ernesto Silva, quien se encontraba a esa hora en el Congreso, en Valparaíso, partió rápido de vuelta a Santiago.

Hasta ese momento la directiva había ordenado a sus parlamentarios que nadie se hiciera cargo de rumores ni trascendidos de posibles vinculaciones del partido con el  eventual financiamiento ilegal del grupo Penta a la colectividad.

A partir de esa noche, sin embargo, el gremialismo activó una segunda fase en el manejo de la crisis más compleja para la joven administración de Silva. Porque mientras hasta ahora se había hecho un trabajo de contención -explicó una alta fuente- centrado en argumentar que los gastos de campaña habían sido validados por el Servel, lo que se activó a partir de las declaraciones del fiscal significó un cambio en el curso de acción.

En ese sentido, la vinculación que el diario electrónico Ciper hizo entre el caso Penta y el ex senador Jovino Novoa, dio pie para concretar la primera decisión: a las 12.35 de ayer el ex senador abrió los fuegos con una nítida defensa de su persona, cuyo objetivo, aparte de señalar que él nunca ha incurrido en prácticas ilegales, fue resaltar que aquí se habían hecho afirmaciones  "calumniosas", "reproducción maliciosa" y "filtraciones" indebidas.

Varios en el partido afirman que lo de Novoa fue un golpe de timón ante la opinión pública y que por ahora no hay intenciones reales de querellas ni demandas contra nadie. Era la primera irrupción de un coronel en el tema.

A la misma hora, en tanto, Silva solicitaba al jefe de gabinete del fiscal nacional, Sabas Chahuán, una audiencia que se concretaría a las 18.45 de ayer. ¿El motivo? Pedirle una investigación por las filtraciones del caso. La sola solicitud marcaba otro giro, porque el mismo Silva había comentado el martes que en la reunión que sostuvo con Chahuán el lunes para conversar sobre Ley Antiterrorista, evitó plantearle al fiscal alguna referencia sobre el caso. Eso -según dijo a sus cercanos-  para que nadie interpretara que hubo presión indebida.

En el frontis del Ministerio Público Silva concretó su solicitud a la máxima autoridad del Ministerio Público. Chahuán, según aseveraron fuentes de la UDI y de la propia fiscalía, se comprometió a pedir un informe al respecto.

Pese a que todos los involucrados en la estrategia señalan que para tomar decisiones hay que ir calibrando cada día, lo cierto es que un segundo eje en la ofensiva podría activarse en los próximos días y a sugerencia de varios en el partido: acusar persecución política en contra de la UDI y plantearle a La Moneda su preocupación por ello.