Hasta la Fiscalía Metropolitana Centro Norte llegará hoy el diputado de la UDI Gustavo Hasbún para presentar una denuncia criminal por delitos de nombramiento ilegal y fraude al Fisco.
Esto, a raíz de la polémica contratación -en 2016- de cuatro funcionarios en Gendarmería, los cuales fueron destinados inmediatamente en comisión de servicio al Ministerio de Justicia, cartera que por eso días era liderada por la actual integrante del Consejo de Defensa del Estado (CDE), Javiera Blanco. Justamente fue la propia ex ministra quien mandató dichos nombramientos.
Uno de los hechos que motivaron la ofensiva gremialista se dio a fines de enero, ocasión en que la Contraloría determinó, a raíz de un requerimiento del propio Hasbún, que "no procede designar personal a contrata con el exclusivo fin de ser comisionado a prestar servicios en otro organismo", junto con establecer que la contratación "nunca tuvo por objeto que el aludido organismo penitenciario se proveyera de personal para el desarrollo de sus tareas sino que, por el contrario, para el cumplimiento de las de otro organismo".
"Corresponde que Gendarmería de Chile deje sin efecto las designaciones de que se trata o, en el evento que los servicios de esos profesionales sean requeridos por esta, ponga fin a las anotadas comisiones de servicio", enfatiza el documento.
En ese sentido, la acción legal, que va dirigida hacia todos aquellos que resulten responsables, indica que "el nombramiento de los funcionarios se hizo en el pleno conocimiento de que no prestarían funciones en Gendarmería, sino que serían destinadas inmediatamente, situación que demuestra la falta de probidad y el actuar imputable de los que intervinieron el acto administrativo".
Entre las diligencias que solicita la denuncia se cuentan citar a declarar a la propia Blanco y al actual director de Gendarmería, Jaime Rojas. Esto, junto con requerir a la institución la nómina de los funcionarios contratados a honorarios entre 2014 y 2016, además de señalar la justificación de su incorporación y los informes que acreditan sus pagos.
"Esta acción se hace estrictamente necesaria, ya que en nuestro concepto hay un ilícito evidente", señaló Hasbún. Y añadió: "Se negó siempre, de manera pública, que era un acto emanado de las facultades de un ministro y ha quedado claro que este derecho no le correspondía. Y en virtud de ello se pagaron de manera ilegal, con evidente perjuicio al erario fisca, dineros mal habidos".
"La Fiscalía debe aplicar en esta investigación el mismo rigor y celo que aplica en otros casos", concluyó.
