Un proyecto de ley que busca modificar el sistema de nombramientos de los consejeros del Consejo de Defensa del Estado (CDE) se encuentra elaborando un grupo de parlamentarios de la UDI, liderados por el subjefe de la bancada de diputados, Gustavo Hasbún.

El texto introduce cambios a la Ley Orgánica Constitucional que rige a dicha institución y será presentado el próximo miércoles 1 de marzo, cuando el Congreso finalice su receso de verano. La reforma -que cuenta con los apoyos de los diputados Ignacio Urrutia, Celso Morales y Claudia Nogueira- es impulsada tras la polémica que se originó luego de que el 1 de febrero la Presidenta Michelle Bachelet designara a la ex ministra de Justicia de su gobierno, la abogada Javiera Blanco, como consejera del CDE.

Su nombramiento fue criticado no sólo por la oposición, sino también por sectores del propio oficialismo. Esto ya que Blanco -de conocida cercanía con Bachelet durante varios años- fue designada en el CDE tras haber desempeñado una cuestionada labor al mando de Justicia, donde enfrentó críticas por la gestión en Sename y el sistema de pensiones en Gendarmería.

Los cuestionamientos a la designación de Blanco se acentuaron considerando que, según la legislación vigente, los 12 consejeros del CDE -que reciben una renta que oscila entre $7,6 y $7,9 millones mensuales- son "inamovibles" y sólo cesarán en sus cargos por las causales establecidas en el estatuto administrativo para los funcionarios de carrera.

En el caso de que se busque su remoción, esta sólo podrá ser solicitada por el Presidente de la República, con acuerdo del Senado. De lo contrario, podrán ejercer en su cargo hasta los 75 años (Blanco tiene 44, por lo que podría mantenerse en el consejo los próximos 29 años).

Son justamente estos puntos los que el proyecto de la oposición busca modificar.

El proyecto

La iniciativa elaborada por los diputados de la UDI introduce modificaciones al artículo 12 de la Ley Orgánica Constitucional del Consejo de Defensa del Estado. Si bien establece que los consejeros del CDE sigan siendo nombrados por el Presidente de la República, agregan que dicha designación debe ser ratificada por el Senado.

Para esto, el texto exige un quórum de dos tercios de los senadores en ejercicio; es decir, el quórum más alto que contempla la Constitución.

De este modo, el proyecto busca homologar el sistema de nombramientos de los consejeros del CDE a otras autoridades que también deben ser designadas por un acuerdo entre el gobierno y el Senado, como, por ejemplo, los integrantes del directorio de Televisión Nacional, los integrantes del consejo directivo del Servicio Electoral y los consejeros del Banco Central, entre otros.

Adicionalmente, el proyecto también establece un límite de 10 años al ejercicio del cargo, de modo de evitar que, en la práctica, los consejeros sean autoridades "vitalicias".

Otra modificación que introduce el texto es que "el cargo de consejero del Consejo de Defensa del Estado será incompatible con cualquier otro cargo remunerado con recursos fiscales o municipales". Esto, buscando evitar que se produzcan eventuales conflictos de intereses, considerando que los consejeros del CDE no están obligados a la dedicación exclusiva de su cargo; es decir, pueden ejercer su profesión en paralelo a su rol en este organismo.

"Es obligación del Parlamento corregir la falta de transparencia del proceso de selección de las personas que van a ocupar el cargo de consejeros en el CDE, y es importantísimo garantizar la independencia y objetividad de los miembros, para evitar posibles conflictos de intereses y tráfico de influencias", afirmó el diputado Hasbún, autor del proyecto.

El legislador tiene completado solicitarle al gobierno que patrocine la iniciativa, de modo que pueda ser tramitada durante el primer semestre de este año, y ya se encuentra contactando a parlamentarios de la Nueva Mayoría para que respalden el proyecto.