Una combinación nefasta, según algunos rectores, presenta la gratuidad para las universidades privadas adscritas al beneficio: limitación en el crecimiento de la matrícula, déficit generado por los aranceles regulados, tope en el cobro a alumnos de los deciles más altos y ausencia de aportes basales.
Si estos puntos se mantienen en la tramitación del proyecto que revisa la Comisión de Educación del Senado, hay planteles que podrían tener que dejar de pertenecer a la política pública de gratuidad, advierten los rectores de la U. Diego Portales (UDP), Carlos Peña, y de la U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva.
El problema que se produciría para esas Ues. es económico, pues si bien la docencia para los estudiantes con gratuidad se financia mediante el aporte del Estado, la ley no contempla el financiamiento basal para las instituciones.
A esto se suma, según los rectores, el límite para matricular nuevos alumnos y el impedimento para establecer libremente los aranceles para los alumnos de mayores ingresos.
Peña indica que, "en ese escenario, la UDP se verá obligada, no por voluntad propia, a salir de la gratuidad, porque, en esas condiciones, y si se quedara en ella, tendría que renunciar a su proyecto intelectual y sacrificar sus comunidades académicas y la calidad que ofrece a sus estudiantes".
El rector Silva, en tanto, asegura que "si la gratuidad no mejora, nos tendremos que salir de esta política". Y agrega que "el problema se soluciona si con los aranceles que paga el Estado tu financias a los estudiantes, pero financias la investigación y los otros bienes públicos con aportes basales. Eso ocurre actualmente con todas las universidades que están en el Cruch".
Según Peña, el proyecto de educación superior está creando cuatro grupos de universidades: estatales, privadas del Cruch (G9), privadas creadas después de 1981 adscritas a la gratuidad, y las privadas que no se suman a la política pública.
"La reforma parece estar diseñada para empujar a que las universidades privadas creadas después de 1981, que han demostrado tener más calidad y ser más selectivas y a la vez plurales que muchas del Cruch, como es el caso de la UAH y la UDP, salgan de la gratuidad y se transformen en universidades puramente privadas si quieren salvar su proyecto intelectual", plantea Peña.
"¿De qué otra forma se explica que se les limite la matrícula, se fijen sus aranceles y se les pida, más encima, que soporten las brechas de la gratuidad? Esta es una reforma inspirada en el propósito gubernamental de sacar adelante la reforma sin considerar los efectos que ella produce en el sistema", señala.
Silva propone incluir una medida que permita recuperar la inversión del Estado en la educación. "La gratuidad es inviable para las universidades que nos adscribimos a ella y para el país, porque hay otras necesidades tanto o más importantes. Es un derecho social que debe tener un deber social mediante un aporte contingente al ingreso", afirma.
La senadora de la UDI, Ena von Baer, estima que los problemas que plantean las Ues. privadas se deben a "las falencias que tiene el diseño de la gratuidad, que es una buena idea mal implementada. Tiene efectos que hay que solucionar y que probablemente vamos a tener que resolver cuando asuma el Presidente Sebastián Piñera".
Un aspecto que tendrían que considerar los planteles privados en caso de salir de la gratuidad es que el proyecto establece una sanción al respecto: "el gobierno trató de que pasara desapercibida la sanción de no poder reingresar a la gratuidad en cinco años en caso de renuncia", afirma el asesor legislativo de la derecha, Jorge Barrera.
Hoy, la comisión votará la gratuidad y los gatillos para cubrir al 100% de los estudiantes, y podría despachar el proyecto a la sala del Senado.
