A sólo seis días de la próxima cumbre comunitaria, la Unión Europea (UE) debate intensamente qué garantías dará a Irlanda para intentar convencer a sus ciudadanos de que se ratifique el Tratado de Lisboa en un nuevo referéndum.

Hoy se cumple un año de la primera consulta, en la que el pueblo irlandés rechazó el Tratado de Lisboa, y ahora la UE quiere definir una serie de puntos que aseguren a los irlandeses que la legislación europea no afectará los asuntos más delicados en ese país, como la legislación sobre la familia o la neutralidad.

La discusión a nivel de embajadores ante la UE prevista para tratar estas garantías, fue suspendida ayer debido a algunos problemas surgidos en los debates bilaterales que Irlanda mantiene con el resto de países miembros.

Sin embargo, una fuente diplomática restó hoy importancia a esa suspensión, al señalar que la cuestión "avanza razonablemente bien" y se espera encontrar un punto de acuerdo en los próximos días.

La presidencia de la UE, que por turno le corresponde a República Checa, tiene previsto que la primera discusión de un texto tenga lugar el martes, con el objetivo de "avanzar el mayor terreno posible" antes de la cumbre del jueves, explicó otra fuente diplomática.

REFERENDUM EN OCTUBRE
En diciembre pasado, la cumbre de jefes de Estado y de Gobierno acordó, tras una exposición del primer ministro irlandés, Brian Cowen, que se darán garantías jurídicas acerca de que ninguna disposición del Tratado de Lisboa afectará a las competencias fiscales de los países, tampoco a la neutralidad de Irlanda ni a la legislación familiar.

Esta última cuestión es fundamental en un país donde el aborto sigue siendo ilegal y hay una fuerte oposición al matrimonio homosexual.

Lo que los Estados comunitarios discuten ahora es cómo se ponen de acuerdo en el contenido concreto de esas garantías y sobre el mecanismo jurídico que se empleará.

Ambas cosas están siendo estudiadas con mucho detalle, tanto para ayudar en lo posible al Gobierno de Dublín a ganar el segundo referéndum, que se celebrará con toda probabilidad en octubre próximo, como para no causar hipotecas futuras en el funcionamiento de la Unión.