En el marco del Plan de Participación Ciudadana del Ministerio de Educación, el presidente del Consorcio de Universidades Estatales (Cuech), Aldo Valle, explicó las principales propuestas de los rectores en relación a la Reforma Educacional.

En esa línea, el también rector de la Universidad de Valparaíso manifestó que como Cuech esperan que el programa educacional del gobierno, en lo que respecta a Educación Superior, comprenda la gratuidad garantizada para los planteles públicos; fortalecer la docencia, investigación e innovación y, por otro lado, ampliar la oferta académica de las instituciones del Estado.

"Hoy la oferta de las universidades del Estado equivale al 16% de la matrícula. Un propósito es que nuestras instituciones puedan ampliar su matrícula ya que en nuestro país la oferta pública está en proceso de extinción", sostuvo Valle.

Respecto a la propuesta, el rector remarcó que no es "para capturar nichos de mercado,  sino porque a las universidades estatales les corresponde atender las necesidades que el país tiene".

Por otro lado, el presidente del Cuech aclaró que, si bien valoran el sistema de provisión mixta, "es fundamental que el Estado establezca una nueva relación con sus universidades".

"El Estado no puede tratar como otros oferentes privados a las universidades que le pertenecen", indicó Valle.

Asimismo, señaló que "no quiere decir que el Estado no aporte de forma pública al resto de las universidades. Si en el país hay capacidad de investigación, el Estado no puede prescindir de esas capacidades estén donde estén, lo que si es que en el caso de las universidades del Estado este debe aportar con presupuestos basales".

APORTES BASALES PARA UES. ESTATALES

Respecto a este tema, la propuesta de las universidades estatales consiste en recibir recursos públicos sujeto a objetivos específicos de política pública, mediante contratos que serán funcionales a fines públicos convenidos entre el Estado y sus instituciones.

"No estamos pidiendo fondos de libre disposición, antes los aportes basales se entendían así, pero ahora nosotros creemos que las universidades del Estado deben recibir recursos, pero esos deben estar sujetos a proyectos de desarrollo mediante contratos plurianuales, de 5 a 10 años, sometidos a rendición de cuentas y transparencia pública", puntualizó Valle.