Si el proyecto de educación superior se aprueba finalmente en el Congreso tal como se despachó ayer desde la Comisión de Hacienda del Senado, las universidades con gratuidad van a tener que ajustar -y eventualmente bajar- sus aranceles a partir de 2019 para los estudiantes del séptimo, octavo y noveno decil.
Esto debido a que la iniciativa establece que las instituciones tienen un tope máximo para el cobro de aranceles a los grupos que no cuentan con el beneficio de la gratuidad.
De acuerdo a lo aprobado ayer, para los estudiantes del séptimo decil los planteles podrán cobrar un 40% extra por sobre el arancel regulado como máximo. A los alumnos del octavo decil se permitirá establecer valores con un tope del 60% adicional y para el noveno decil de ingresos habrá un 80% de cobro por encima del monto calculado por la comisión a cargo de la fijación de aranceles. Mientras, el décimo decil no tendrá limitación.
Así, por ejemplo, si un alumno del octavo decil paga $ 7.000.000 anuales por una carrera y el arancel regulado, más su tope legal, determina que se puede cobrar un máximo de $ 6.000.000, el plantel donde asiste ese estudiante dejará de percibir $ 1.000.000 por cada caso similar.
La fijación de aranceles es uno de los puntos que ya han cuestionado los rectores de la U. Católica, Ignacio Sánchez; U. Diego Portales, Carlos Peña, y U. Alberto Hurtado, Eduardo Silva. Además, los dos últimos han cuestionado el límite en el crecimiento de matrícula y la falta de fondos basales para los planteles privados adscritos a la gratuidad lo que los ha llevado a poner en duda su permanencia en la política pública.
"La universidad tiene que ajustar los aranceles (…). La universidad es la que recibe menos y tiene que ajustar sus aranceles al promedio que se les está entregando", indicó la ministra de Educación, Adriana Delpiano.
Durante la sesión de la Comisión de Hacienda realizada ayer, el ministro de Hacienda, Nicolás Eyzaguirre, planteó que "los aranceles están más o menos dentro de esos márgenes (que cobran las instituciones), por tanto no le van a significar costos a la universidad, lo que se trata más bien es delimitar que en el futuro se dispararen completamente los aranceles (...); en general, es limitar que esto siga una carrera explosiva hacia arriba".
Ante la consulta del senador de la UDI Juan Antonio Coloma respecto de cuándo comenzará a regir esta fijación y límite en el cobro a los estudiantes de los grupos socioeconómicos más altos la jefa de la División de Educación Superior, Alejandra Contreras, respondió que "es automático".
Otro punto que generó tensión fue la solicitud del senador Jorge Pizarro (DC) para incrementar en $ 100 mil millones los recursos para las universidades no estatales del Consejo de Rectores (Cruch), agrupadas en el G9. Esto, para compensar los $ 300 mil millones que se entregarán a los planteles del Estado. El planteamiento de Pizarro no encontró eco en el gobierno.
