La ministra de Educación, Adriana Delpiano, ya había señalado que no hay espacio en la discusión de la reforma a la educación superior para conversar la expansión del Consejo de Rectores (Cruch). Pero los diputados, oficialistas y de oposición, dijeron que ese era uno de los pocos temas que tenía consenso al interior de la Comisión de Educación de la Cámara.

Por eso, la semana pasada la Comisión de Educación de la Cámara aprobó una indicación que permite el ingreso al consejo a universidades que cumplan con ciertos requisitos.

La enmienda fue presentada por el diputado Alberto Robles (PR), y señala que los planteles reconocidos por el Estado podrán solicitar ser admitidos en el Cruch. Para ingresar, eso sí, deberán certificar el cumplimiento de varios puntos: contar con al menos cinco años de acreditación en las áreas obligatorias, no tener personas naturales ni jurídicas con fines de lucro y adscribir al régimen de gratuidad, entre otros.

Finalmente, habría solo dos planteles que cumplirían: la U. Diego Portales y la U. Alberto Hurtado. De hecho, este tema había sido planteado por los rectores de ambas casas de estudio, Carlos Peña y Eduardo Silva, durante las audiencias. Robles dijo que "varios recogimos ese planteamiento y lo incorporamos, como también se hizo con las indicaciones de la Fech y del Cruch".

El parlamentario señaló que la indicación no es a la medida de algún plantel. "Es para que los que cumplan requisitos objetivos puedan ingresar al Cruch. Las condiciones son razonables respecto de lo que debe ser un plantel con rol público".

Pero no todos los rectores creen eso. La máxima autoridad de la U. Adolfo Ibáñez (UAI), Andrés Benítez, dijo estar sorprendido de que las condiciones sean, según él, "las mismas que propusieron dos universidades, que son las únicas que quedan en condiciones de ingresar. No me parece que se legisle para casos particulares. Esto es lo más parecido al lobby que tanto se critica respecto de otros casos, como el de la Ley de Pesca o del royalty".

Benítez agregó que el problema de fondo es que el Cruch "es un ente que representa a una minoría, sin embargo captura la mayoría de los recursos y el debate sobre la educación. La solución es que exista un organismo que represente a todas las organizaciones ", dijo.

Otros critican que la gratuidad sea uno de los requisitos. Federico Valdés, rector de la U. del Desarrollo, afirmó que el beneficio no es una vara para medir la calidad. "Hay planteles buenos y malos que se incorporaron y otros muy buenos que eligieron no entrar", dijo el académico, quien agregó que "queda en evidencia que los mismos de siempre pretenden mantener un cartel, pensando en las autoridades y no en los alumnos. Hay que abrir el Cruch usando como requisito la calidad y no a la ideología".

Visión similar tiene José Antonio Guzmán, rector de la U. de Los Andes, quien espera que la situación se arregle una vez que el proyecto pase al Senado. "La gratuidad no es obligatoria, por lo que no tiene por qué ser una puerta de entrada". Además, una de las indicaciones estaría pasando a llevar la autonomía de los planteles". Guzmán agregó que si los planteles hacen un aporte al país "y cumplen estándares razonables, pueden intervenir en el Cruch. Todas las instituciones que entregan bienes públicos deberían estar en el consejo".

En tanto, el rector de la U. San Sebastián, Hugo Lavados, señaló que el Cruch es una organización con facultades especiales y es la única que tiene la posibilidad de tener una relación con el gobierno, por eso "las condiciones que se aprobaron no tienen que ver con calidad o inclusión". Además, Lavados remarcó que "hubo poca reflexión al aprobar la indicación".