En 2011, el Ministerio de Vivienda y Urbanismo (Minvu) elaboró un catastro de todos los campamentos que hasta entonces se habían levantado en el país, y que en ese momento ascendían a 657, de Arica a Magallanes. También cifró en 31.158 a las familias que residían en ellos. Sobre la base de este registro, la recién creada Secretaría Ejecutiva del área comenzó el proceso para establecer el cierre definitivo de estos asentamientos y organizar a los grupos familiares, a fin de que lograran un subsidio para la casa propia.
Luego de cinco años, el Programa Campamentos ha entregado una solución habitacional a 9.256 familias, es decir, el 29% de las registradas en 2011, y ha logrado cerrar 252 de estos asentamientos irregulares. En las regiones más avanzadas, como Magallanes, se cerró el único campamento, con cerca de 20 familias, y en Maule sólo resta la solución para una oncena de familias. En contraste, las regiones de Valparaíso, Metropolitana y el Norte Grande son las que presentan los menores avances (ver infografía).
Según la ministra de la cartera, Paulina Saball, "la estrategia de cierre de cada campamento es única, porque debe atender la multidimensionalidad de la situación". La titular agrega que "no es lo mismo atender a un campamento en Valparaíso que a uno en Temuco, o que sea rural o urbano. El tamaño, la dimensión espacial, las redes existentes y el tipo de estrategia implementada para su solución son, entre otros factores, elementos que se conjugan a la hora de programar los plazos de atención".
Entre las soluciones entregadas se encuentran la relocalización de las familias en conjuntos habitacionales de otros sectores, la radicación en el mismo lugar a través de la urbanización del lugar, y la entrega de otras soluciones, como subsidios de arriendos.
Según la planificación del Minvu, en 2018 debería estar cerrada más de la mitad de los asentamientos catastrados en el registro oficial, y para 2020 terminar con el proceso. "Todos los campamentos vigentes del catastro cuentan con una estrategia clara y definida para concretar su cierre en esa fecha", subraya Saball.
Aumento de familias
Desde la Fundación Techo Chile valoran el trabajo que ha realizado la Secretaría Ejecutiva. No obstante, critican la lentitud del proceso de cierre y la decisión de excluir del programa tanto a los campamentos creados después de 2011 como a las nuevas familias que se han sumado, que según el último informe de la ONG, en 2016, aumentaron en 41,6% durante este período, y hoy serían 38.770.
"Las familias están saliendo de campamentos a una tasa de poco más de mil al año. Entonces, dar una solución a todas las que hoy están en ellos tomaría cerca de 40 años, sin contar a las que eventualmente podrían entrar en un futuro", dice el capellán de Techo, Juan Cristóbal Beytía.
A fin de buscar soluciones, el sacerdote jesuita agrega que es necesario sumar fuerzas "al Estado, organizaciones sociales y dirigentes de campamentos, para consensuar una política e incentivar la construcción de viviendas sociales. Se debe articular el trabajo de los Serviu con Bienes Nacionales para gestionar terrenos fiscales, subir los montos de subsidios y hacer partícipe al sector privado, facilitar las postulaciones a los subsidios y disminuir el tiempo de espera, que hoy promedia los ocho años, para que las familias tengan su casa".
Para el urbanista de la consultora Atisba, Iván Poduje, el aumento de campamentos y familias viviendo en estas condiciones "es un problema mayor que antes, ya que la construcción es más lenta, los terrenos son más caros, hay menos inmuebles disponibles y muchas familias no quieren salir del sector, porque así se alejan de sus redes de contacto. Hay que radicarlas, y eso toma más tiempo".
El académico agrega que entre las políticas que se deberían impulsar para dar solución a esta problemática están: "Actualizar el catastro con las nuevas familias y nuevos campamentos que se han formado en los últimos años. Revisar los terrenos del Fisco en manos de los Serviu u otras entidades fiscales que no son aprovechados, para destinarlos a viviendas. Invertir para radicar los campamentos y transformarlos en barrios con conexión, servicios y obras de mitigación. Y, por último, evitar que se abran nuevos asentamientos. Eso es clave".
El arquitecto especialista en erradicación de campamentos, Francisco Donoso, agrega que "aún falta que las instituciones se organicen para salir a buscar a las familias y ayudarlas a su postulación a los subsidios. En su mayoría ellas viven fuera del sistema y no están habituadas a relacionarse con los entes oficiales".
Al respecto, Saball afirma que las familias que se han sumado a estos asentamientos "pueden postular a los programas habitacionales del ministerio y recurrir a nuestros equipos regionales para información y asesoría".
