En los últimos siete meses, 1.781 personas han sido detenidas -en las 108 marchas realizadas hasta ahora en Santiago por diversos motivos- y el Estado se ha querellado contra 348. Sin embargo, sólo 12 de ellas han sido finalmente condenadas. Así lo reveló ayer la intendenta metropolitana, Cecilia Pérez.
Las razones: muchos de los detenidos sólo quedan citados al tribunal, debido a que la fiscalía estima que las penas por el delito de desórdenes son muy bajas; además, los menores de 14 años quedan libres. Al respecto, hasta mediados de septiembre, 949 menores habían sido arrestados. Entre ellos, J.S.C. (16), quien el 10 de agosto incendió un auto, lideró un saqueo y quedó libre.
La falta de evidencias para identificar a encapuchados, sumada a ataques sorpresivos -como la quema de un Transantiago el miércoles- revelaron la incomodidad de autoridades de gobierno respecto de las falencias en la inteligencia policial para anticiparse a estos hechos e identificar a los autores de los ataques más graves. El tema del orden público ha tensionado las relaciones en La Moneda (ver página 6).
Sobre esto, la intendenta dijo que "con urgencia requerimos modernizar, fortalecer y avanzar en un marco jurídico que permita más eficacia para resguardar el orden público. A esto agregó que los chilenos están "aburridos" de estos actos de "violencia y destrucción" y que los encapuchados deben enfrentar la justicia.
Encapuchados
En este escenario, ayer, el gobierno denunció que cerca de 2 mil encapuchados actuaron con violencia en la segunda jornada de movilizaciones convocada por la Confech, la CUT y el Colegio de Profesores. De hecho, a las 12.58, cuando Camila Vallejo terminaba su discurso en el escenario de Blanco Encalada con Beauchef, unos 40 jóvenes corrían a cubrirse el rostro con pañuelos y polerones. Todo, a pocos metros del escenario.
Minutos más tarde, el mismo grupo sería responsable de atacar a la policía, destruir semáforos y levantar barricadas. En un hecho inédito, en el lugar se produjo un violento enfrentamiento entre encapuchados de las barras bravas de Colo Colo y U. de Chile.
Según el balance del subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, "aproximadamente, 2.000 supuestos estudiantes se aprovecharon de una marcha pacífica para poder generar cuadros de violencia". Producto de los desmanes, más de 110 personas fueron detenidas en Santiago y 124 en regiones. Además, una bomba lacrimógena hirió a una escolar.
Debido a la constante violencia, Carabineros, en coordinación con el gobierno, conformó un equipo para identificar a los líderes de los grupos encapuchados, reconocer a sus integrantes y establecer sus patrones.
