Los ministros europeos de Medio Ambiente intentarán mañana en Luxemburgo llegar a un acuerdo sobre cómo limitar las emisiones de dióxido de carbono (CO2) de los turismos nuevos a 95 gramos por kilómetro en 2020, una cuestión ya pactada entre las instituciones europeas que ahora intenta reabrir Alemania.

Los Veintiocho retoman el debate después de que la canciller alemana Angela Merkel haya abogado personalmente en diversas ocasiones por suavizar o retrasar la medida, que asegura que tendría un impacto muy negativo para la industria automovilística de su país.

El último intento de Berlín se produjo la semana pasada cuando la delegación alemana puso en circulación una propuesta completamente nueva que implicaba demorar cuatro años la entrada en vigor del límite a las emisiones de los autos.

Los ministros tendrán que decidir mañana si aprueban definitivamente el texto de compromiso pactado en junio con el Parlamento Europeo, o si desean introducir nuevas modificaciones como propone Alemania, lo que alargaría el debate sine díe.

El límite de 95 gramos por kilómetro fue acordado en la UE en 2008, pero no se concretaron entonces las modalidades para lograr ese recorte, ya que éstas serían objeto de una propuesta posterior y detallada de la Comisión Europea (CE).

El acuerdo informal de junio versa concretamente sobre el reglamento que define esas modalidades y que incluye opciones tan polémicas como los llamados "supercréditos", que permiten a los fabricantes contabilizar sus ventas de vehículos menos contaminantes como parte de sus esfuerzos por reducir emisiones.

Los ministros también tratarán de cerrar un texto de conclusiones sobre los compromisos de reducción de emisiones para 2020 que fijará la posición europea de cara a la cumbre sobre Cambio Climático que Naciones Unidas celebrará en Varsovia del 11 al 22 de noviembre.

Por su parte, la comisaria europea de Acción por el Clima, Connie Hedegaard, que también participará en el encuentro, informará sobre el resultado de la 38 Asamblea General de la Organización de la Aviación Civil Internacional (OACI), que concluyó el pasado 4 de octubre en Montreal (Canadá).

Los 191 miembros de la organización fijaron 2016 como fecha en la que decidirán si establecen un sistema de comercio de emisiones a escala global que entraría en vigor en 2020, pero rechazaron aceptar el espacio aéreo europeo como referencia para contabilizar las emisiones por trayecto.

El Ejecutivo comunitario interpreta el resultado de Montreal como un avance pese al desafío que supone para el funcionamiento del sistema de comercio de emisiones en la UE y, más en concreto, para la entrada de la aviación internacional en ese sistema.

La UE ya cobra una tasa verde a los vuelos de dentro de su territorio, pero no ha podido todavía extender esa medida a los trayectos intercontinentales debido a la oposición frontal de países como EEUU, Rusia, China y la India.

Para evitar una guerra comercial y el consiguiente aislamiento europeo, Bruselas aceptó suspender la iniciativa durante un año, pero confiaba en retomarla tras la reunión de la OACI.

Sin embargo, el resultado con el que se saldó dicha reunión podría traducirse ahora en una extensión del periodo de exclusión durante al menos otro año, y obliga, en cualquier caso, a adaptar el planteamiento original del sistema de comercio de emisiones.