"Me dirijo a ustedes con el fin de informarles que durante el pasado viernes se han llevado a cabo diversos cambios al interior de la Vicerrectoría de Desarrollo y Comunicación y de la Vicerrectoría Económica". Así empieza el comunicado que envió el rector de la U. Finis Terrae, Christian Nazer, a la comunidad del plantel, en el cual informó de los ajustes en la institución a raíz del déficit financiero generado por la gratuidad y la reforma educacional.
Señala que "se trata de reestructuraciones a nivel central que buscan permitir a nuestra universidad afrontar el complejo e incierto momento que vive el sistema de educación superior".
Así, el ajuste de esta institución incluye el despido de cerca de 40 empleados. "La fusión de áreas y la necesidad de proyectar un presupuesto austero nos han llevado a tener que prescindir del apoyo de colaboradores muy queridos", consigna el comunicado.
En conversación con La Tercera, Nazer explicó que por concepto de la gratuidad, la U. Finis Terrae este año deja de recibir $ 3.000 millones, los que se reducirían a $ 2.500 millones si llega el aporte suplementario que comprometió el gobierno.
"Son ajustes en las áreas centrales de la universidad y no en las facultades", subrayó el rector, quien agregó que "esto frena hartas cosas, porque la universidad no sólo es docencia, sino también vinculación con el medio, que puede verse mermada".
Criticó que "en el área de investigación, según lo que dice el proyecto, se nos evaluará en el futuro, por lo tanto, tenemos que seguir invirtiendo allí, pero nos llegan pocos fondos para ello".
Pero la U. Finis Terrae no es la única que ha tenido que asumir cambios. La U. Católica Silva Henríquez tenía un déficit de $ 800 millones que logró reducir a $ 180 millones reasignando fondos y ajustando gastos. "La universidad destinaba un 3% de su presupuesto a becas, pero esos beneficios estaban destinados al público objetivo que hoy recibe gratuidad, entonces esos fondos ayudan a suplir el déficit", explicó Manuel Pérez, vicerrector académico.
La autoridad universitaria dijo que tuvieron que "ajustar gastos en temas externos, como pasantías o publicaciones. Por ejemplo, en lugar de apoyar la publicación de 20 libros se hará con 10". La idea detrás de esta estrategia es no afectar la investigación.
La U. Autónoma, si bien fue consultada a cuánto ascendía su déficit, no informó la cifra total, aunque explicó que el caso más extremo figura en las "carreras de la Salud, donde la brecha entre el arancel regulado y el real llega hasta un 44%. En otras carreras, sin embargo, esta brecha resulta menor".
Respecto de qué medidas han debido adoptar para combatir su déficit, el plantel señaló que "los ajustes se realizaron en el área de gestión, lo que permitió resguardar adecuadamente los estándares de calidad académica, tanto en docencia de pre y posgrado como en investigación. No obstante lo anterior, hay inversiones en infraestructura que están siendo revaluadas en su factibilidad en el marco de este nuevo escenario".
En tanto, el rector de la U. Católica, Ignacio Sánchez, señaló que la universidad percibirá $ 1.650 millones menos por la gratuidad, cifra cercana a la proyectada el año pasado, y enfatizó que el plantel ha asumido ese gasto: "Por eso hablamos de una gratuidad cofinanciada, porque estamos financiando en parte esta política anunciada por el gobierno".
La máxima autoridad de la UC dijo que el plantel movió dineros asociados a becas para cubrir los millones que no reciben de parte del Estado. "Esperamos que a partir de 2017 la situación mejore. Sabemos que no se puede resolver de un momento a otro, pero esperamos un cálculo de arancel regulado que cubra los costos de docencia, que incluya indicadores internos de calidad como planta académica, dependencias universitarias, entre otras cosas.
La UC de Valparaíso, en tanto, recibe este año $ 600 millones menos por concepto de gratuidad, pero todos los ajustes los hicieron a principios de año, según el rector Claudio Elórtegui.