El partido del presidente uruguayo, José Mujica, anunció hoy que impulsará acciones legales contra la Suprema Corte de Justicia por declarar inconstitucional una norma que impedía la prescripción de los delitos de la dictadura (1973-1985).

En un comunicado subido en su página web, el Movimiento de Participación Popular (MPP) rechazó la sentencia dictada ayer por la SCJ y la calificó de "obstáculo en el camino de la búsqueda de verdad y justicia legítimamente reclamado por el conjunto de las organizaciones sociales y víctimas del terrorismo de Estado".

El MPP, una de las agrupaciones del bloque oficialista de izquierdas Frente Amplio (FA), acusa asimismo a la SCJ de ser "responsable del mantenimiento de la impunidad en Uruguay, así como también, de las consecuencias internas e internacionales a las que queda expuesta la República".

El comunicado también se refiere al reciente traslado a un juzgado civil de la jueza Mariana Mota, que llevaba una cincuentena de expedientes de la dictadura y era considerada un símbolo para los activistas que luchan para esclarecer los crímenes cometidos por militares y policías durante el régimen dictatorial.

"Resulta ineludible vincular dicho acto con la posterior declaración de inconstitucionalidad", señala.

Por todo ello el MPP anunció que "recorrerá" los "caminos legales conducentes a determinar la responsabilidad de la SCJ en las decisiones adoptadas" y llama a sus seguidores a participar el lunes en una marcha de repudio contra el dictamen judicial convocada el viernes por el FA.

Según varios medios uruguayos, la intención del partido de Mujica, un exguerrillero de 77 años que estuvo catorce años preso, la mayoría durante la dictadura, es impulsar "un juicio político" en el Parlamento contra la Suprema Corte de Justicia.

De concretarse esa posibilidad, el bloque oficialista debería contar con dos tercios de los votos en el Legislativo para ganar el juicio y solamente dispone de una mayoría simple.

Por otra parte, el diputado del MPP Alejandro Sánchez calificó a los ministros de la Corte de "dinosaurios amantes de la impunidad" y dijo que con su decisión pretenden "negar la Justicia" a los familiares de las víctimas.

Varios parlamentarios se pronunciaron en el mismo sentido, con una única nota disonante, la del diputado Víctor Semproni (Espacio 609, también del FA), que indicó al diario El País que la posibilidad de hacer un juicio político a la SCJ "es inviable", además de considerar el fallo judicial "indiscutible" por la institución que lo ha emitido.

Semproni fue el parlamentario que en mayo de 2011 evitó con su negativa a votar en el Legislativo que el FA tuviera la mayoría suficiente para aprobar un proyecto legal que eliminaba la Ley de Caducidad, una ley de amnistía promulgada tras la restitución de la democracia en 1986 y ratificada en dos referendos en 1989 y 2009.