En medio de las recientes diferencias generadas entre Codelco y la Contraloría General de la República respecto a las atribuciones de fiscalización del organismo sobre la compañía- originadas en un dictamen en el que cuestionó la indemnización superior a los $500 millones entregada al ex director de la minera, Augusto González- el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés llamó a aclarar las facultades de la entidad sobre las empresas públicas y entregó su respaldo a éstas.

"Por el lado de las empresas quiero decir que nosotros comprendemos la preocupación de los directorios respectivos y vamos a apoyar las medidas que ellos consideren apropiado tomar, esto incluye si fuera necesario que algunos de estos temas sean resueltos por los tribunales de justicia como corresponde en un Estado de Derecho", afirmó Valdés.

En este sentido el ministro precisó que en las últimas semanas ha recibido numerosas preocupaciones de presidentes, directores y gerentes de empresas públicas por el efecto que algunos dictámenes emitidos en los últimos meses por la Contraloría podría tener en la gestión eficiente de éstas.

Ante ello indicó que "nosotros hemos venido expresando nuestra preocupación a la Contraloría en una serie de reuniones que hemos tenido a distintos niveles, más técnicos, menos técnicos, desde marzo de este año, específicamente hemos pedido a la Contraloría que clarifique un conjunto de situaciones que a nuestro juicio ponen en riesgo una adecuada administración de las empresas públicas".

Valdés dijo que pese a la buena disposición que ha tenido el Contralor, Jorge Bermúdez, "creemos que es necesario clarificar mejor una serie de aspectos que aún no nos parecen suficientemente claros".

Asimismo advirtió que el gobierno percibe que se está empezando a instalar un escenario de incertidumbre en la administración superior de varias empresas públicas, respecto de temas como sus facultades, que podrían afectar su buen funcionamiento.

Al respecto sostuvo que "he decidido hacer pública esta posición porque vemos que es muy importante tener certeza jurídica respecto del marco que rige a las empresas públicas y además que ese marco garantice que las empresas tengan una gestión adecuada y competitiva con los controles y reglas de control adecuados".

Más temprano, tras la entrega de resultados de Codelco, el presidente ejecutivo de la compañía, Nelson Pizarro, reiteró que debe existir una definición en cuanto a tener un tratamiento de empresa pública y no de servicio público.

"Los que nosotros queremos es que tengamos claras las reglas del juego, si somos una empresa del Estado de Chile que vamos a competir con los privados, que es lo que nosotros somos, nosotros no somos un servicio público, no podríamos competir en el mundo de la gran minería si fuéramos un servicio público", afirmó.