La mañana del pasado miércoles 9, el presidente del Banco Central, Rodrigo Vergara, y el ministro de Hacienda, Rodrigo Valdés, acordaron entregar en forma conjunta una señal de tranquilidad al mercado nacional, tras conocerse oficialmente que en la víspera Donald Trump había ganado la elección presidencial de Estados Unidos. Durante la preparación para la conferencia de prensa que ofrecerían, en su oficina en el piso 12 de Teatinos 120, el jefe económico tomó una segunda decisión: aclarar que no le habían pedido la renuncia, ni que tampoco él la había presentado.

¿Por qué Valdés, economista PPD, de larga y reconocida experiencia, incluso internacional, se veía enfrentado a tomar la decisión de negar su eventual salida del gabinete?

Todo partió dos días antes. El lunes, el gobierno consiguió que los parlamentarios de la Nueva Mayoría apoyaran el veto presidencial aditivo que permitía volver a tramitar en el Congreso el reajuste salarial del sector público.

Ese hecho político era clave para Valdés. Sus relaciones con los trabajadores de la administración pública estaban congeladas y su propuesta salarial había sufrido ya su primera derrota a inicios de este mes, cuando la Cámara de Diputados y luego la comisión mixta rechazaron el proyecto de ley. Calificado como un hecho inédito en la historia reciente del Parlamento, el gabinete se vio obligado a buscar un nuevo camino que le permitiera destrabar la iniciativa que plantea un alza de 3,2% en los salarios de los funcionarios públicos.

El golpe para el gobierno como un todo fue devastador y sorprendente, más aún porque la evaluación del equipo económico -similar a la de su par político, según fuentes del gobierno- era que se venían cumpliendo todas las exigencias que los parlamentarios habían pedido para entregar su voto a la propuesta fiscal.

Entre esas exigencias figuraban que Hacienda ingresara el proyecto de reajuste después de las elecciones municipales del 23 de octubre pasado y, además, separara el tiempo de tramitación de la iniciativa respecto de otro proyecto igual de relevante para el oficialismo: el aumento en 10% del valor de las pensiones solidarias anunciado el 9 de agosto por la Presidenta Bachelet en cadena nacional.

La Nueva Mayoría pidió que las dos iniciativas corrieran por separado. El Ejecutivo dijo sí y cumplió.

La Moneda, sin embargo, guardaba una carta: no incluir en el inicio de la tramitación del reajuste un bono especial, para poder usarlo como instrumento de negociación en caso de que los parlamentarios oficialistas tensionaran sus posturas y exigieran mayores beneficios a cambio de no afectar el reajuste de 3,2% propuesto por Hacienda.

Pero los representantes de la Nueva Mayoría pensaban distinto y desde el primer momento decidieron que el bono había que ponerlo sobre la mesa de inmediato, convencidos de que, con ello, la tramitación sería más expedita. Ante ese argumento, el gobierno también accedió.

El relato oficial, según fuentes ligadas a las negociaciones, es que después de la tramitación del proyecto de reajuste en el Senado, surgió la idea de que la cartera de Hacienda presentara una indicación que le permitiera reasignar recursos para mejorar el bono especial, con el objetivo -compartido por todos los sectores de la Nueva Mayoría, y en especial del PC- de incluir a más funcionarios, con rentas más altas.

La indicación se redactó, se presentó y se aprobó en la Cámara Alta, pero luego vino la caída: el proyecto no logró sortear con éxito la votación en la Cámara de Diputados y pasó a revisión en comisión mixta.

Como era de vital importancia lograr un acuerdo en esta instancia, recuerda un integrante del equipo del gobierno, la decisión fue presentar una segunda indicación para mejorar el bono especial y, de paso, incrementar el costo total del proyecto de reajuste en $ 2.132 millones. Pero eso, nuevamente, tampoco logró el respaldo oficialista y dejó todo en punto muerto.

La opción a tomar, entonces, fue ir por el veto aditivo, propuesta que con el acuerdo de los presidentes de la Nueva Mayoría, mejoró -aseguran en el equipo económico- los montos y la cobertura del bono especial, elevando nuevamente el costo del proyecto de reajuste en $ 1.371 millones respecto de lo ofertado en la comisión mixta. Pero, una vez más, el 3,2% de reajuste se mantuvo.

Partida del segundo fracaso

Los primeros síntomas que insinuaban que dicho acuerdo -sellado el lunes 7 en La Moneda- podía estar en entredicho se dieron durante un almuerzo entre el ministro Valdés y los senadores oficialistas, en el Congreso, el martes 8 previo a la votación.

Ahí se planteó que algunos diputados del PPD y del PS no estaban de acuerdo con la iniciativa, que la DC había largamente discutido el tema y que era probable que la falange se presentase dividida a la votación. Postura similar mostraba ya el PC.

Cuando llegó la hora de la votación en la sala y los gritos de las tribunas de dirigentes del sector público y de la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) se hacían sentir con fuerza, interrumpiendo el debate y obligando al presidente de la corporación, el diputado PS Osvaldo Andrade, a desalojar el hemiciclo, los ministros presentes comenzaban a ver cómo aquel acuerdo tan celebrado el día anterior se derrumbaba.

El resultado de la votación en la Cámara fue lapidario: 44 votos a favor, 28 en contra y 37 abstenciones. Veinte diputados oficialistas habían rechazado la oferta.

Rumbo a Palacio

Cabizbajo y ofendido por la cantidad de insultos y garabatos que recibió mientras eran transmitidos en directo por TV -especialmente de la presidenta de la CUT, la profesora comunista Bárbara Figueroa-, Valdés salió de la sala y sostuvo una pequeña pero breve reunión con el titular de la Secretaría General de la Presidencial (Segpres), Nicolás Eyzaguirre. Habían acordado, previamente, revisar el estado del proyecto de ley de Presupuestos 2017, una vez terminada la votación del reajuste.

Pero las cosas no habían salido bien y la tensión que seguía -y a ratos se agudizaba- en la Cámara, producto del rechazo parlamentario, apenas les dio tiempo para que en una corta conversación Eyzaguirre -quien fue jefe de Valdés como ministro de Hacienda en el gobierno de Ricardo Lagos- le dijera que no se tomara el resultado como algo personal, que esto era parte de las complejidades del cargo y que a él le había tocado vivir situaciones parecidas como jefe de Teatinos 120. "Que tenía que seguir adelante", afirma un miembro del entorno de Valdés, "aunque el ministro nunca pensó otra cosa".

Tras el breve intercambio con el titular de la Segpres, cada uno tomó su auto y se dirigió con destino a La Moneda, donde los esperaban para una reunión extraordinaria del comité político. En plena Ruta 68, el equipo de Valdés comenzó a recibir los primeros llamados que alertaban que en el Congreso y también en Palacio circulaba la versión de que el ministro iba con rumbo a la Casa de Gobierno a presentar su renuncia.

No fue así. Valdés se enteró del rumor, no hizo comentario alguno y entró raudo a Palacio para integrar la reunión del comité político. Ahí, donde ya estaba la Presidenta Miche-lle Bachelet, el jefe económico habría señalado que como gobierno habían hecho todo lo responsablemente posible para presentar un reajuste salarial que cumpliera con los requerimientos de la Nueva Mayoría, que se había respondido con buen ánimo a cada petición y que lo ocurrido horas antes en la sala de la corporación era un tema que el bloque debía resolver, pues no se había respetado lo acordado y cada partido fracasó en alinear a sus parlamentarios.

Pasadas las 22.00, el ministro de Hacienda salió de La Moneda y fue consultado sobre su eventual renuncia. No respondió, mantuvo silencio y se fue a su casa.

Una hora más tarde, el presidente del PPD, Gonzalo Navarrete, lamentaba que dos diputados de la colectividad no hubiesen "concurrido con su voto" y que eso sería "motivo de un debate político y la adopción de un acuerdo que permita resolver la crisis". El PS, a su vez, emitía una declaración llamando a una "reflexión más de fondo sobre el cumplimiento de los compromisos que se establecen al interior de nuestra coalición".

Los días siguientes

El primer análisis a la mañana siguiente (miércoles 9) en Hacienda fue que las declaraciones del PPD y PS eran positivas, pero no un paso lo suficientemente grande como para dar por superada la crisis y buscar vías de solución.

Valdés, ya junto al presidente del BC, dio inicio a la conferencia de prensa sobre las consecuencias para Chile del triunfo de Trump y, al finalizar, se refirió a la jornada de la víspera y a su eventual salida del gabinete: "Como ministro de Hacienda, yo me debo a la Presidenta de la República y seguiré siendo su ministro mientras cuente con su confianza", dijo.

Llamadas de representantes gremiales, de empresarios y ejecutivos se recibieron en Hacienda, pero fue el respaldo de la propia Bachelet al economista PPD lo que reavivó el ánimo: "Hemos hecho una propuesta razonable y responsable de reajuste (...). No podemos hacer más sin afectar nuestro compromiso con las necesidades de los chilenos que más nos necesitan y con la gente de la clase media", dijo la Mandataria.

Más tarde la declaración emitida por los representantes de la NM, cerrando filas con el gobierno, contribuyó al mejor clima. Más aun, dado que en el texto el bloque reconocía su responsabilidad en el fracaso del veto aditivo. Como siempre, eso no fue fácil y la crisis política se agudizó, pues el PC no firmó el texto, hecho considerado grave por la autoridad.

Escenario futuro

Lo que viene en las próximas semanas no es algo menor, pero tampoco hay certeza de cuáles serán los pasos que dará el gabinete para sacar adelante el proyecto de reajuste.

En el equipo económico comentan que, lo primero, hasta donde entienden, es que el Ejecutivo debería enviar una nueva indicación sustitutiva al texto, cuyo ingreso debiera ocurrir entre mañana y el martes próximo. Luego, en una bajada más técnica, explican que en los últimos días han estado abocados a explorar números, cálculos, nuevas reasignaciones dentro de la oferta salarial, no del reajuste del 3,2%, cifra que se mantiene hasta ahora intacta.

De hecho, la noción que prima hoy en el gabinete económico es que en la nueva propuesta que irá en la indicación estará claro si Valdés sigue y reafirma su poder en el gabinete (porque la confianza de la Presidenta ya la tiene) o si, por el contrario, existe algún riesgo de que renuncie a sus funciones. "Si en la indicación se vuelve a proponer el reajuste de 3,2% será porque el ministro ganó la partida y sumó poder. Si hay un alza del reajuste, está claro el fin de esta historia", dice un cercano al jefe de Hacienda.

Mientras lo anterior se resuelve, entre los técnicos del Ejecutivo ya comienzan a sacar cuentas sobre los recortes de sueldos y disponer los instructivos para concretar esos descuentos por los días de paro, dado que esto es ilegal, pues el sector público no tiene derecho a negociación colectiva y, por tanto, a la huelga.