Posibles irregularidades en procesos de licitación y contratos, principalmente en las áreas de transporte, aseo y parquímetros, llevaron al alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp, a tomar una medida extra a la auditoría financiera que levantó comenzada su administración, en diciembre de 2016. Esta vez, de la mano de las organizaciones sociales, determinó la creación de una Comisión Anticorrupción en la sede edilicia, que revisará la administración de los recursos en los últimos 10 años.

Se trata de una fórmula similar a las comisiones investigadoras de la Cámara de Diputados, pero a partir del Consejo de Organizaciones de la Sociedad Civil de Valparaíso (Cosoc), al cual ya se le dio cuenta de la adversa situación financiera. Según se ha informado, ésta presenta un déficit cercano a los $ 6 mil millones.

La administración municipal actual sostiene que esa cifra estaría ligada a los contratos celebrados por las gestiones anteriores.

Respecto de la responsabilidad de revisar estas materias por un ente no municipal, Sharp indicó que "es parte de una inquietud ciudadana, para recabar antecedentes y analizar la información que existe, y que será complementaria a la actividad de otras instancias"

A su juicio, "es la mejor forma de salir de las sospechas de los consejeros sobre contratos celebrados que han sido lesivos y que han generado el déficit municipal. La idea es conformar una Contraloría Ciudadana Social, que también fiscalice nuestra administración".

Hasta nueve integrantes podría tener esta comisión, que será integrada por representantes de diversos organismos y redactará un informe final. El Cosoc, en tanto, es un organismo reco- nocido en la Ley Orgánica de Municipalidades, que actúa como ente "consejero" del alcalde y del concejo municipal. Está compuesto por 27 consejeros, quienes representan a organizaciones como juntas de vecinos, trabajadores, iglesias y colegios profesionales, entre otras.

Si bien las conclusiones que se logren no serán vinculantes para la municipalidad, se aseguró que tendrán un "carácter informativo relevante". "Si de los antecedentes revisados se observa que hay posibles delitos, estos serán denunciados al Ministerio Público", se aclaró.

La vicepresidenta del Cosoc, María Teresa Alvarado, señaló que "podremos revisar contratos con economistas y con el Colegio de Abogados; tenemos las herramientas técnicas para fiscalizar y hablarles a los porteños con la verdad".

El concejal Carlos Bannen (UDI) apuntó que "la participación está bien, pero la decisión final es de los concejales, quienes por ley somos los fiscalizadores (…). Hay cosas que nos enteramos por los medios. Hemos tenido errores en procedimientos que nos dejan fuera de foco. Y se debe tener muy en claro que todo contrato, al ser sometido a votación por el concejo municipal, iba fiscalizado por la Contraloría".