Jorge Sharp, alcalde de Valparaíso, interpuso esta jornada una querella contra todos quienes resulten responsables de los presuntos delitos de malversación de caudales públicos, fraude al fisco, y obtención fraudulenta de prestaciones estatales, que habrían sido cometidos al interior del municipio durante el periodo en que Jorge Castro fue edil de la ciudad.
La acción judicial se realizó luego de que la Contraloría Regional de Valparaíso confirmara a través del Informe Final 388 de 2017 las fallas administrativas. Se estima que el perjuicio generado por estos ilícitos podría superar los mil millones de pesos.
Sharp explicó que los contratos cuestionados en la querella son los celebrados con las empresas Eagle Care y Penta Security. La primera firma estaba a cargo del aparcadero municipal y, según el órgano contralor, no cumplió con pagar al municipio el 30% de las ganancias obtenidas, mientras que con la segunda compañía, Contraloría cuestionó el aseguramiento de vehículos que no eran municipales.
"Hay muchos hechos que ya están siendo investigados por la Fiscalía, por lo tanto nos hacemos parte de esa investigación y proponemos algunas diligencias que permitan esclarecer los hechos porque creo que la ciudadanía en Valparaíso se merece una explicación", sostuvo Sharp.
En la querella el actual alcalde de Valparaíso pide que la Brigada de Delitos Económicos de la PDI realice pericias y tome declaración al ex edil Jorge Castro por la responsabilidad que podría caberle en los presuntos delitos.
Según el abogado Ramón Sepúlveda "acá no estamos hablando de fraude al fisco o de malversaciones tenues, hablamos de figuras en las cuales se suscriben contratos, por ejemplo en Penta, por montos fuera de toda lógica y que cualquier funcionario se hubiese dado cuenta y como jefe de servicio tiene una obligación mayor de fiscalizar lo que pasa en la Municipalidad".
La acción judicial solicita también que la Corporación Municipal de Valparaíso, el Servicio de Impuestos Internos, y la Superintendencia de Bancos remitan la información necesaria para poder esclarecer los hechos que tienen penas que parten en 5 años y un día.
