La organización no gubernamental Amnistía Internacional (AI) pidió hoy que continúen los esfuerzos para garantizar el control de armas en Venezuela y que haya más protección para el derecho de los detenidos a un proceso judicial justo.
Estas peticiones se incluyen en el Plan Nacional de Derechos Humanos que la ONG recomienda en el informe que presentó hoy en Madrid: "Venezuela. Los derechos humanos en riesgo en medio de protestas".
El informe señala que desde que se inició la oleada de manifestaciones el pasado 4 de febrero se han producido al menos 37 muertes y más de 550 heridos.
Asimismo, relata los casos de varias víctimas y denuncia actuaciones de la Guardia Nacional Bolivariana (GNB), el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN), grupos armados pro gobierno y grupos de manifestantes opositores.
La organización afirma que sobre el terreno pudo "evidenciar la dificultad de identificar responsabilidades en un contexto de polarización política y social como el que vive el país".
La propuesta de un Plan Nacional de Derechos Humanos, que especifique cómo el Estado va a proteger los derechos humanos de los venezolanos, "debe ser resultado de un diálogo nacional en el que se incluyan los puntos de vista de todas las partes involucradas", según la ONG.
Amnistía Internacional propone que el plan incida en el control de armamento en el país debido al "alto número de armas ilegales que circulan; muchas de ellas en manos de grupos armados pro gobierno".
También se pide un fortalecimiento del sistema judicial y que "se proteja el derecho de todos los detenidos al debido proceso", además de un mayor compromiso contra la tortura, pues el informe relata varios casos de malos tratos hacia detenidos.
AI aporta los testimonios de varias víctimas y familiares de víctimas cuyos derechos humanos fueron violados durante las manifestaciones o durante su detención.
Las violaciones de derechos humanos recogidas en el informe de AI abarcan desde el uso excesivo de la fuerza durante las protestas por parte de agentes, hasta "torturas y tratos degradantes", o ataques contra periodistas y medios de comunicación.
La organización pide en el texto a los líderes políticos del país, incluidos los de la oposición, que envíen "una señal clara y contundente a sus simpatizantes a abstenerse de cometer violaciones a los derechos humanos".
También recuerda a las autoridades que "se deben esclarecer todas las responsabilidades y los responsables deben ser llevados ante la justicia".
AI pide además a Venezuela que revoque su denuncia a la Convención Americana de Derechos Humanos, en vigor desde septiembre de 2013, y que así regrese a la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
