El vicepresidente argentino Amado Boudou apeló el jueves un procesamiento judicial en su contra por presunta corrupción que lo podría excluir para siempre de cualquier cargo público.
En su apelación Boudou criticó la labor del juez federal Ariel Lijo a quien acusó de vulnerar "todas las garantías y principios constitucionales".
"Ha quedado evidenciado que el señor juez nunca quiso que se conozca la verdad, como así tampoco tuvo interés en escucharme, ni en que la ciudadanía lo hiciera de un modo directo", advirtió Boudou en el escrito que presentó con el patrocinio de su equipo de abogados.
Añadió que Lijo "ha forzado la prueba para acomodarla al relato" y reiteró que el juez ya tenía resuelto el procesamiento cuando lo citó a declaración indagatoria.
Se prevé que el juez Lijo eleve la apelación a la Cámara Federal, que decidirá si mantiene o no firme el procesamiento.
Lijo procesó al vicepresidente por los supuestos delitos de cohecho pasivo -recibir sobornos- y negociaciones incompatibles con la función pública por una maniobra para adueñarse de la única empresa dedicada a la impresión de billetes de curso legal y luego favorecerse con jugosos contratos del Estado.
Boudou es el primer vicepresidente en ejercicio en ser procesado en la historia de Argentina. Si fuera declarado culpable en un juicio oral podría recibir una pena de uno a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos.
En un extenso fallo, Lijo concluyó que Boudou junto con un socio y amigo usó su condición de funcionario público para adquirir 70% de la compañía Ciccone que luego contrataría con el Estado la impresión de papel moneda.
El vicepresidente también enfrenta una causa por presunto enriquecimiento ilícito y otra por supuesta falsificación de documentos de un vehículo.
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