El vicepresidente argentino, Amado Boudou, fue convocado hoy para ampliar el próximo viernes su declaración en el caso por presunta corrupción por el que ha sido procesado, mientras el oficialismo, presionado por la oposición, accedió a analizar los pedidos de juicio político al funcionario. 

El juez Ariel Lijo, que investiga la compra irregular de la imprenta de dinero Ciccone, citó hoy a Boudou a declarar el próximo viernes, después de que la defensa del vicepresidente solicitara la ampliación de la indagatoria. 

El pedido de la defensa había sido hecho el pasado viernes, horas antes de que Lijo procesara a Boudou por presunto cohecho pasivo y negociaciones incompatibles con su cargo, delitos penados con hasta seis años de prisión. 

De acuerdo a la notificación del juez Lijo, difundida por el Centro de Información Judicial, en virtud del derecho del imputado "a declarar cuantas veces quiera; siempre que su declaración sea pertinente y no aparezca sólo como un procedimiento dilatorio o perturbador", se fija una nueva audiencia para el viernes próximo.

El vicepresidente está acusado de presuntamente haber aceptado el 70% de las acciones de la imprenta Ciccone Calcográfica en 2010, cuando era ministro de Economía, a cambio de ayudar a la empresa a levantar un pedido de quiebra solicitado por el Fisco por deudas impositivas. 

Según el juez, Boudou habría actuado junto a José María Núñez Carmona, empresario y amigo del funcionario, y a Alejandro Vandenbroele, de la firma The Old Fund, empresa que se quedó con la imprenta.

Lijo también procesó a los dueños de Ciccone por supuestamente ofrecer la cesión de acciones a cambio de ser salvados de la quiebra y de pactar contratos con el Estado para imprimir billetes y documentos.

Además procesó a un ex jefe de asesores del Fisco que presuntamente facilitó un plan de pagos para levantar la quiebra.

Según anticipó hoy el fiscal del caso, Jorge Di Lello, en declaraciones radiales, la Justicia argentina no elevará a juicio oral la causa antes de la segunda mitad de 2015. 

Tanto la presidenta argentina, Cristina Fernández de Kirchner, como el resto de miembros del Gobierno han evitado manifestar una defensa expresa al vicepresidente tras su procesamiento.

Según confirmaron a Efe fuentes oficiales, el vicepresidente regresará hoy al país después de permanecer casi una semana en el extranjero, en visita oficial en Cuba.

Mientras, la oposición insiste en exigir el alejamiento del vicepresidente, que es además titular del Senado. 

El senador radical Gerardo Morales, en nombre de la oposición, le envió hoy una nota a Boudou en la que le reclama que se tome licencia hasta tanto se defina su situación judicial. 

Morales hizo público el contenido de la nota al tomar la palabra en la sesión plenaria celebrada hoy en el Senado, presidida por Gerardo Zamora, un radical aliado al kirchnerismo y tercero en la línea de sucesión presidencial.

"No nos queremos poner en jueces, eso le corresponde a la Justicia. Pero sí le corresponde al Congreso hablar de las conductas y debatir responsabilidades", dijo Morales.

En representación del oficialismo, el senador Rodolfo Urtubey cuestionó el pedido de licencia de la oposición, al considerar que no existe "una condena firme o juicio criminal" contra el vicepresidente que justifique ser apartado del cargo.

La oposición también subió su presión en la Cámara e Diputados, donde, a fuerza de insistir, logró que el oficialismo -mayoritario en ambas cámaras del Parlamento- convocará finalmente para mañana, jueves, a una reunión de la Comisión de Juicio Político para analizar los quince pedidos de enjuiciamiento con fines de destitución contra Boudou presentados.

La oposición quiere investigar la presunta "responsabilidad política e institucional" de Boudou en el caso Ciccone, "independientemente de lo que haga la Justicia". 

Los pedidos de juicio político tienen pocas probabilidades de avanzar ya que primero deberían recibir un dictamen positivo en la comisión que se reunirá este jueves, dominada por el oficialismo.

En caso de ser habilitado un proceso de este tipo, se requieren dos tercios de los votos del Senado para destituir al vicepresidente, y, en las condiciones actuales, la oposición debería sumar votos del oficialismo para la aprobar la remoción.

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