Viera-Gallo descarta existencia de caso de DDDD en democracia

Como "inexacto" calificó el ministro secretario general de la Presidencia, José Antonio Viera- Gallo, el estudio realizado por la universidad Diego Portales que establece que el gobierno oculta información en materia de derechos humanos a organismo internacionales.

El informe va más allá y asegura que el primer caso de detenido desaparecido en democracia, ocurrió en 2003 y se refiere a un joven a quin se le perdió el rastro tras ser arrestado por Carabineros en la ciudad de Puerto Montt.

"Nos parece completamente inexacto e inapropiado hablar de que en Chile haya un caso de detenido desparecido(...) en el concepto de detención y desaparición forzosa de personas hay detrás la idea de persecución, entonces llamar desaparición forzosa de personas al caso al que se refiere el informe de la universidad, no puede sino que confundir a la opinión pública y es algo que esa universidad debe aclarar en forma clara y tajante", precisó la autoridad.

En la misma línea, el ministro del Interior, Edmundo Pérez Yoma, dijo que "éste es un gobierno sumamente transparente, que no oculta información. Me parece que es una información audaz que no corresponde a la realidad", señaló.

Las conclusiones del estudio explican en la UDP, se refiere a los informes oficiales que ha elaborado el Ministerio de Relaciones Exteriores para dar cuenta de la realidad chilena respecto al cumplimiento de las obligaciones que en esta materia ha asumido Chile con el sistema internacional.

La aseveración se basa en el análisis de los contenidos de tres informes oficiales entregados por nuestro país durante el 2008 y 2009. En todas las ocasiones, sostiene la investigación, la sociedad civil elaboró "informes sombra" -sistema establecido para permitir la entrega de información alternativa con el propósito de aportar otros elementos de análisis y contrarrestar las informaciones oficiales- que han sido omitidos.

Uno de los casos paradigmáticos que plantea el informe, se refiere a la situación de personas privadas de libertad, especialmente menores de edad, donde se plantearon denuncias graves por parte del Informe Anual de DD.HH. de la UDP del año pasado; por la Unicef, por el Departamento de Estado de Estados Unidos y la Contraloría General de la República.
 
En el informe de este último organismo, por ejemplo, se denuncia la ausencia de personal suficiente, la aplicación de irregularidades en la aplicación de sanciones, la sobrepoblación de internos y las malas condiciones de los establecimientos, mientras que el informe oficial del gobierno solo hace referencia a esta materia señalando que la implementación de la reforma de responsabilidad penal juvenil no ha estado exenta de dificultades. 

"Un caso muy grave de violencia policial contra menores de edad detenidos arbitrariamente ha venido a rememorar prácticas propias del peor período de la dictadura militar: el drama de la desaparición forzada de personas, y de la falta de información y de respuesta oportuna de la justicia y la policía a las demandas de los familiares", denuncia la investigación, al incluir el caso del menor José Huenante (16), detenido en Puerto Montt el 3 de septiembre 2005, sin que hasta hoy se conozca su paradero.

Sólo en marzo de 2009, cuatro años después de los hechos, tres carabineros fueron formalizados por el secuestro y sustracción de José Huenante y dados de baja de la institución. Pero el adolescente (o sus restos) sigue sin aparecer y la investigación judicial registra escaso avance y poca colaboración de parte de Carabineros, se denuncia.

"Si bien es posible destacar avances en áreas específicas, como el acceso a la información pública, el panorama general muestra que aún queda mucho camino por recorrer para hacer realidad las promesas de igual dignidad y libertad contenidas en los tratados que Chile ha suscrito y que recoge la propia Constitución", afirmó Contesse en la primera presentación pública de esta investigación anual que realiza en centro que dirige en la Universidad Diego Portales. 

Otro de los ejemplos que cita el estudio del Centro de Derechos Humanos de esta casa de estudios es la situación de algunos inmigrantes en situación de pobreza que, sostiene el informe, no han podido acceder a la nacionalidad chilena pese a haber nacido en territorio nacional