"Es demasiado, se deben ajustar los gastos", pidió el lunes 16 el representante de la Dirección de Presupuesto del Ministerio de Hacienda, Luis Riquelme, poco después de que La Moneda le presentara el primer consolidado de los costos que tendría para el Estado los tres días de visita pastoral que efectuará el Papa Francisco a Chile en enero de 2018.
Ese lunes, Riquelme llegó a una reunión en Palacio encabezada por el subsecretario (S) del Interior, Mario Ossandón, para llevar adelante las negociaciones entre Hacienda y La Moneda que definirán el financiamiento de la próxima visita papal, la segunda que realiza un Pontífice romano a Chile. La anterior fue la de Juan Pablo II, en abril de 1987.
El economista y máster en políticas públicas no era un desconocido en las oficinas de Interior. Hace varios años que Riquelme se desempeña como jefe del sector de Seguridad Pública de la Dipres, por lo que ya es contraparte habitual del Ministerio del Interior a la hora de discutir el presupuesto de la cartera. Fue esa, precisamente, una de las razones que tuvieron en vista el director de la Dipres, Sergio Granados, para designarlo como coordinador y enlace de Teatinos 120 con el equipo responsable de los preparativos de la visita de Francisco.
Para entonces, Ossandón ya tenía en sus manos las propuestas con los requerimientos que habían hecho llegar a La Moneda más de una decena de instituciones y servicios públicos que deberán intervenir en diversos aspectos de seguridad y logística durante la gira del Papa a Chile.
Carabineros, Investigaciones, el Ministerio de Obras Públicas, Aduanas, Servicio Agrícola y Ganadero, Salud, Conaf, Subsecretaría de Interior, la Dirección de Pasos Fonterizos de la División de Gobierno Interior, Ministerio de Transportes, Presidencia, Onemi y la Dirección de Turismo pedían en total más de $ 8.800 millones adicionales para cubrir los gastos relacionados con la gira, la que además de ser una visita pastoral y religiosa, también es considerada como visita oficial de un jefe de Estado, aun cuando no incluya encuentros protocolares con los tres poderes del Estado.
La cifra se suma a los $4.000 millones que deberá aportar la Iglesia Católica y que estarán destinados a cubrir exclusivamente los costos de los tres misas masivas que oficiará el Papa Francisco en Iquique, Santiago y Temuco.
La parte de la Iglesia Católica se utilizará en la fabricación de 600 mil hostias, la compra de combustible suficiente para más de 3.060 km de recorrido que harán los "papamóviles", el arriendo e instalación de 2.000 m2 de pantallas led, el arriendo de sistemas de amplificación de sonido, la construcción de 4.500 m2 de altares y el emplazamiento de cerca de 80 km de vallas metálicas, según datos que dio a conocer el 5 de octubre el coordinador nacional de la visita del Papa, Fernando Ramos.
"El Papa ha pedido que sea una visita que no implique un gasto innecesario, no construir un obra que sea utilizada solo una vez. Queremos construir la mayor cantidad de cosas reutilizables, como los altares, que tengan un sentido de reutilización posterior y no de cosas que terminen desechándose", aseguró el director ejecutivo de la visita de Francisco, Javier Peralta, en medio de la polémica que generó el alto costo que tendrá la visita papal y cuando aún no se sabía el millonario monto que deberá financiar, a su vez, el gobierno.
Para cubrir el presupuesto que corresponde a la Iglesia, el Congreso está debatiendo una ley para otorgar exenciones tributarias a las empresas que hagan donativos a la visita del Papa, además, los organizadores de la visita están solicitando la cooperación voluntaria de los chilenos y aportes de instituciones ligadas a la Iglesia.
Costo para el Estado
Pero los $ 4 mil millones que pondrá la Iglesia es menos de la mitad de lo que se calcula costará finalmente la visita pastoral del Pontífice: el resto lo pondrá el Estado, y las negociaciones entre La Moneda y Hacienda no han estado carentes de tensiones.
Más de cuatro mil funcionarios de Carabineros, PDI, Aduanas y SAG deberán ser movilizados a Iquique y Temuco entre el 15 y el 18 de enero con ocasión del viaje papal.
Según los cálculos del gobierno, unos 350 mil extranjeros, especialmente argentinos y bolivianos, entrarán a Chile esos días a ver al Papa Francisco.
Lo anterior obligará a instalar campamentos y contenedores especialmente habilitados en los pasos fronterizos para reforzar las dotaciones de Policía Internacional, Aduanas y SAG.
A eso se suma el arriendo de vehículos para los equipos de seguridad y logística, pago de viáticos y horas extraordinarias de los funcionarios públicos. El reforzamiento de los servicios de salud y la instalación de hospitales móviles también forman parte de los costos que deberán ser asumidos por el Estado.
Las municipalidades de Santiago, Iquique y Temuco ya advirtieron al gobierno que sólo cubrirán con recursos comunales la repavimentación de las calles por donde pasará el Papa, a fin de que no tengan baches ni hoyos. Pero el costo del retiro y depósito de los cientos de toneladas de basura que se acumularán en cada uno de los actos masivos, en los que se espera se congreguen más de un millón de personas, será de cargo del Estado.
7.000 millones de pesos es el cálculo del costo que tendrá para el Estado de Chile financiar los dispositivos de seguridad involucrados en al gira del Pontífice romano. Más de 4.000 funcionarios policiales, de Aduanas, SAG y personal de salud serán desplazados a Iquique y Temuco durante los días de la visita.
El lunes 16, Ossandón urgió a la Dipres a llegar pronto a un acuerdo. Desde México, donde estaba de vacaciones, Mahmud Aleuy había estado monitoreando directamente el avance en la evaluación de costos, los preparativos en materia de seguridad y presionaba para que estuviera el tema resuelto antes del término de esta semana, cuando tenía previsto retomar sus funciones.
Fue Aleuy, afirman miembros de la comisión organizadora de la vista papal, quien armó el diseño para los preparativos de la visita y ha puesto especial atención a todos los detalles.
Pero Dipres no cedió. La estimación inicial de más de $ 8.800 millones fue considerada demasiado alta y Luis Riquelme debió transmitirle a la Subsecretaría de Interior que debían ajustar los costos. Desde Hacienda pidieron colocar un techo máximo de $ 4.000 millones adicionales.
El problema para Hacienda es que los recursos no estaban previstos en la Ley de Presupuesto de 2017. Como la visita del Papa se terminó de definir recién en julio pasado, no se incluyeron fondos para este ítem. Por lo mismo, Dipres deberá hacer recortes y reasignaciones de otras áreas para pagar la seguridad y los gastos que rodean esta gira. Lo que ya está claro es que estas reasignaciones se harán de los presupuestos 2017 y 2018.
Tras el apretón de Hacienda, La Moneda pidió a todas las reparticiones involucradas revisar los costos. Pese a los esfuerzos que habían realizado, hasta el viernes 20, Interior no había podido bajar los costos a menos de $ 7.000 millones.
La cifra, por alta que parezca, es similar al costo que el gobierno peruano acaba de provisionar para la visita que realizará Francisco a Perú en enero de 2018, inmediatamente después de su paso por Chile. El jueves 19, la ministra de Economía y Finanzas peruana, Claudia Cooper, firmó el Decreto Supremo 292-2017, autorizando la transferencia de casi US$ 12 millones a la organización de la vista papal, más de $ 7.000 millones chilenos.
Por lo mismo, en Interior esperaban llegar un acuerdo con Hacienda. Las negociaciones continuaron el viernes 20, cuando los representantes de la Dipres y la Subsecretaría de Interior, esta vez con Aleuy a la cabeza, volvieron a revisar el millonario costo que tendrán los tres días de Francisco en Chile.