Como un "amarre político" calificó la vocera de gobierno, Cecilia Pérez, el pago de pensiones de exonerados políticos aprobadas durante la gestión del Presidente Piñera y que fueron objetadas por el informe de la Contraloría.
"Esto da cuenta y fueron pagados en nuestro gobierno, y esto da cuenta por un decreto que en su minuto sacó el IPS, del año 2009 de amarre político para que se siguieran pagando estas pensiones. Nosotros dimos cuenta de esta anomalía a la Contraloría, recién tuvimos el dictamen la semana pasada y ahora tenemos la tranquilidad de que contamos con herramientas jurídicas para poder poner término a estas pensiones que fueron un decreto de amarre político", dijo la ministra luego del comité político del oficialismo.
En este contexto, la ministra explicó que "la contraloría de 150 mil casos estudió aleatoriamente 9 mil. Un tercio de estos, es decir 3 mil, determinó que los gobiernos anteriores y particularmente en los gobiernos de Lagos y Bachelet se calificaron en forma errónea a 3 mil personas que no eran exoneradas".
Entre estos casos, "hay como ejemplo 81 de ellos eran menores de 14 años, hay por ejemplo que se calificaron como empresas al MIR, entregando como funcionarios de esta empresa casi 400 pensiones a exonerados, o que se calificaron de empresa al PS y al PC".
"De esos 3 mil exonerados hay un equipo jurídico en el ministerio del Interior viendo responsabilidades penales eventualmente para quienes fueron beneficiados, para quienes dieron los certificados laborales, y también ver las responsabilidades políticas de autoridades que tuvieron que calificar como exonerados a estas personas y finalmente otorgar los beneficios. Además, hay 3 mil exonerados en que la contraloría ha señalado que existen observaciones dado que hubo que llenar lagunas previsionales para que pudiesen obtener una pensión mayor", dijo.
Para la ministra "acá no es justo que frente a personas que defraudaron al Fisco, que frente a personas que obtuvieron beneficios que no les correspondía, en desmedro de quienes sí les correspondía tratemos de mezclar".
"En Chile hubo una dictadura y en esa dictadura hubo personas que perdieron sus empleos, y esas personas son verdaderos exonerados. Y de esas personas nuestro gobierno tiene el máximo respeto y el máximo compromiso para seguir trabajando para que no solamente sus beneficios sino que aquellas pensiones de las cuales han perdido monto por verse mezclado en abusos que ocurrieron en los gobiernos de la Concertación, ellos también la voz y señalan que eso no fue justicia", señaló.
