Entre las pruebas presentadas contra los comuneros mapuche imputados por asociación ilícita en La Araucanía, se incluyeron mensajes de WhatsApp y Telegram.
Pedro Anguita, abogado y académico de la U. de los Andes, explica que estos mensajes se pueden obtener gracias a la Ley de Inteligencia (19.974), que permite que en ciertos casos se usen procedimientos especiales de obtención de información, como la intervención de comunicaciones telefónicas, informáticas, radiales y de correspondencia; de sistemas y redes informáticas; escucha y grabación electrónica y de cualquier sistema tecnológico destinado a la transmisión o almacenamiento de comunicaciones.
Para hacerlo, los órganos de inteligencia solicitan autorización judicial a la Corte de Apelaciones del lugar donde se realiza la investigación. Con ella, las empresas de telecomunicaciones o que proveen sistemas de comunicaciones instantáneos, como WhatsApp y Telegram, están obligadas a acceder a las solicitudes inmediatamente o según lo determine la autorización judicial.
"Una cosa es obtener información para inteligencia, para anticiparse y evitar un atentado, y otra para medio de prueba en un juicio criminal. Para lo primero se usa la información y se adoptan medidas para evitar el atentado. Para lo segundo, se requiere del cumplimiento de ciertas formalidades y haber obtenido la autorización judicial. Solo con ella servirá como prueba".
Sin esta autorización, o fuera de plazo, el abogado de los imputados impugnará dichas pruebas y el tribunal podrá declararlas ilícitas por ser obtenidas en contravención a los derechos fundamentales del imputado, explica Anguita.
