Unos siete millones de mexicanos viven en Estados Unidos sin documentos migratorios, según el Centro Hispano Pew, una organización no gubernamental estadounidense.
Normas como la de Arizona, cuya aplicación ha sido parcialmente suspendida por orden judicial, buscan penalizar la permanencia de extranjeros indocumentados en esos estados.
Pero las autoridades de México descartan que todos, o la mayoría de los migrantes, decidan regresar a su país de origen, y alegan que ellos prefieren mantenerse en EE.UU.
Por eso no hay estrategias para un éxodo masivo, le dijo a BBC Mundo Rolando García Alonso, coordinador de Relaciones Internacionales del gubernamental Instituto Nacional de Migración (INM).
"No hay planeación de imposibles… No es una posibilidad que tenemos en nuestras previsiones", explicó.
¿PARA SIEMPRE?
Raúl Delgado Wise, director de Estudios del Desarrollo de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), criticó la posición oficial que ubica a la migración indocumentada como un fenómeno permanente.
Y no es así, advirtió, porque los últimos sondeos de población dicen que la salida de personas hacia Estados Unidos bajó en los últimos años.
"No hay una estrategia de desarrollo ni un plan de contingencia. Se actúa de manera reactiva", dijo en conversación con BBC Mundo.
El INM junto con otras dependencias del gobierno federal mexicano mantiene programas para ayudar, en la frontera con Estados Unidos, a quienes son deportados por la Patrulla Fronteriza.
Los planes incluyen ayuda económica de unos US$115 por una sola vez, una lista de empleos disponibles en el Ministerio del Trabajo, así como descuentos en líneas de autobuses para regresar a sus comunidades.
También hay apoyo especial a familias y menores que viajan solos. La estrategia, sin embargo, sólo contempla a los deportados, que en 2009 fueron 359.455.
Los programas han logrado atender a todos los repatriados que los solicitan, pero hasta ahora los planes no contemplan a una cantidad sustancialmente mayor de migrantes y que vuelvan en menos de un año.
MIEDO
El debate sobre la preparación de México ante el regreso masivo de migrantes surgió tras la aprobación de la ley SB 1070, que generó reacciones encontradas en el país.
Varios legisladores advirtieron que podría aumentar la economía informal y hasta la delincuencia.
Gobiernos locales como Querétaro y Michoacán reconocieron que no podrían emplear a todos los migrantes repatriados, mientras que organismos empresariales advirtieron de una eventual crisis de empleo en algunas regiones.
En algunos municipios incluso hubo llamados de alerta. "Ya es difícil atender a los que estamos aquí, y si la gente regresa pues no podríamos atenderlos", dijo David Gil, alcalde de Piaxtla, Puebla, en el este del país.
El municipio, ubicado en la zona indígena mixe, tiene una larga tradición migratoria, e incluso en la región se le conoce como "la cuna de la migración al Este de Estados Unidos".
LECCIONES
El debate por el tema de la ley SB 1070 dejó algunas lecciones, como la dependencia que la economía de algunas regiones de México tiene de la migración y las remesas que genera.
De acuerdo con el Banco de México (banco central), los estados de Michoacán, Zacatecas, Oaxaca, Guerrero e Hidalgo son los más dependientes del envío de recursos de los migrantes.
El regreso masivo de indocumentados podría generar un serio problema económico, sobre todo para unos 500 municipios considerados como de alta marginación y que viven casi por entero de las remesas, según el Instituto Nacional de Estadísticas.