De origen diaguita y titulada de profesora de Educación Física de la Universidad de Playa Ancha de Ciencias de la Educación (UPLA). Yasna Provoste Campillay es considerada en el mundo de la Concertación como el ejemplo de la "self made woman", capaz de surgir y alcanzar sus logros desde sus capacidades y esfuerzos.

Nacida en Vallenar (Región de Atacama) el 16 de diciembre de 1969, Yasna destacó de niña por sus habilidades de gimnasta, llegando a convertirse en campeona nacional. El interés por la política llegó cuando cursaba los estudios secundarios, ingresando como militante a la Democracia Cristiana.

Como primer apronte dirigencial, en su paso por la UPLA fue presidenta del Centro de Alumnos. En el gobierno de Eduardo Frei Ruiz-Tagle saltaría al aparato estatal como Directora Regional del Servicio Nacional de la Mujer (1996–1997).

Al año siguiente es nombrada gobernadora de la Provincia de Huasco, cargo que ocupó hasta su designación como Intendenta de la Tercera Región en el año 2001, ya en el gobierno de Ricardo Lagos Escobar.

Su ascendente carrera política marca un hito en 2004 cuando con sólo 36 años llega al gabinete  como Ministra de Planificación y Cooperación (MIDEPLAN).

Con  la llegada de la Presidenta Michelle Bachelet a La Moneda, Yasna Provoste ocupa brevemente la Dirección Ejecutiva de la Fundación Integra. Tras la crisis secundaria que afectó los primeros meses de la administración de Bachelet (la llamada "Revolución pingüina") y la salida del ministro de Educación Martín Zilic, Provoste se convierte en la primera ministra en "repetirse el plato" al ser llamada a asumir la cartera en Educación.

Tras encargase de terminar las negociaciones con los estudiantes secundarios y de encabezar la reforma educacional con la derogación de la LOCE, la ministra enfrentaría el más duro de los capítulos de su vida política. En febrero de 2008 estalla el Caso Subvenciones, donde la Contraloría establece que hay desórdenes financieros en la Seremi metropolitana de Educación que involucran 262 mil millones de pesos.
 
Tras la renuncia del seremi Alejandro Traverso, la derecha emprende en su contra una acusación constitucional, que amparada en la nueva mayoría reinante en el Congreso, es aprobada, destituyéndola del cargo y dejándola imposibilitada de ejercer cargos públicos durante cinco años, truncando de raíz sus aspiraciones senatoriales. La "muerte cívica", como lamentó el oficialismo.