El próximo sábado 4 de marzo vence el plazo legal de investigación para el caso Penta y, salvo Jovino Novoa, ningún otro político ha concretado hasta ahora un acuerdo con la fiscalía metropolitana Oriente para acceder a una salida alternativa a un juicio oral.
En ese sentido, uno de los formalizados en la causa, el ex edil de Santiago Pablo Zalaquett admite estar en conversaciones con el Ministerio Público para optar a un acuerdo de procedimiento abreviado, pero hace hincapié sobre los criterios comunes con los que deberían actuar los persecutores tanto en el caso Penta como SQM.
"Estamos en conversaciones y estaría dispuesto a un acuerdo, en la medida que este sea justo y parejo para todos los involucrados en casos similares, por ejemplo, los acuerdos concretados en el caso SQM", afirma.
Las palabras del ex UDI apuntan a que, a su juicio -y el de algunos intervinientes en el caso-, los acuerdos alcanzados por el fiscal de SQM Pablo Gómez, involucrarían penas menores a las que, en circunstancias similares, estarían barajando los fiscales del caso Penta para concordar salidas alternativas.
Esto, en relación con la pena remitida de 600 días y el pago de una multa de 2,5 UTA (casi $ 1,4 millones) obtenida por la defensa del ex presidente del PRI, Humberto de la Maza, por haber emitido nueve boletas a la minera no metálica entre 2010 y 2013, por un total de $ 164 millones.
En el caso de Zalaquett, la fiscalía le imputa haber facilitado facturas para Penta y otras empresas, cuyos montos fueron utilizados para pagar a proveedores de su campaña por un total de $ 71 millones.
Según fuentes cercanas al ex edil, el Ministerio Público le habría ofrecido un acuerdo similar al concretado con Jovino Novoa, el que consistió en tres años de presidio remitido más el pago de una multa.
Tal como han señalado los propios fiscales del caso Penta, ese acuerdo alcanzado en noviembre de 2015 marcó un precedente para el devenir del caso. Sin embargo, a juicio de varias defensas, esa condena perjudicó al resto de los imputados, dado que puso un techo considerado por los abogados como "desmedido" para futuros acuerdos.
En ese sentido, las palabras de Julián López -abogado de los fundadores de Penta, Carlos Alberto Délano y Carlos Eugenio Lavín-, vertidas hace algunas semanas en La Tercera cobran vigor:"(A Novoa) se impuso una pena tan alta que ninguna otra defensa está dispuesta a considerar como parámetro para una salida alternativa".
Al respecto, el abogado de Novoa, Matías Balmaceda, señala: "El acuerdo al que se llegó esa vez fue a petición del propio cliente, don Jovino Novoa, y respondió en gran parte a su estado de salud y a una decisión personal suya".
Fuentes ligadas al caso explican que el resto de los imputados esperan alejarse de las decisiones de ese acuerdo y acercarse lo más posible a las tomadas en el caso SQM. Miguel Chávez, también interviniente en el caso, explica: "La condena a Novoa puede usarse como referente, situó la pena en el umbral inferior de lo que puede ser una pena en abreviado".
Los cierres que vienen
Según explican fuentes ligadas a la investigación, el Ministerio Público contempla tres suspensiones condicionales del procedimiento en esa causa: una para el diputado UDI Felipe de Mussy (imputado por $ 8 millones), para el ex diputado RN Alberto Cardemil (por $ 11 millones) y para Carlos Bombal ($4 millones)
Tanto a Zalaquett como también a Laurence Golborne, el Ministerio Público les ofreció el mismo acuerdo que a Novoa. Sin embargo, las defensas de ambos no han aceptado, hasta ahora, las propuestas. Y mientras aún hay negociaciones en curso entre los abogados de Zalaquett y la fiscalía, Golborne sumó a un litigante a su defensa, Carlos Cortés, para enfrentar un eventual juicio oral.
También para el caso del senador UDI Iván Moreira, la fiscalía está disponible a llegar a un acuerdo para un procedimiento abreviado, lo que sí implicaría desaforar al senador. Sin embargo, dado el bajo monto por lo que se le imputa como facilitador de facturas falsas por unos $38 millones, la condena llegaría a solo 541 días remitidos.
En el caso de los controladores de Penta, la reciente formalización de sus cónyuges detuvo la etapa de las negociaciones para un eventual acuerdo, lo que además afecta un posible acuerdo con el ex subsecretario Pablo Wagner, salida que esta conectada a la situación de los empresarios en relación con aceptar o no el delito de cohecho.
Junto con el cierre de la investigación, que la fiscalía deberá notificar al tribunal en los próximos días, fuentes de la causa explican que en ese mismo acto solicitarán una separación de causa. Esto, porque si bien hay cerca de 100 imputados en el caso -entre ellos Ena von Baer y Andrés Velasco-, solo 36 de ellos están formalizados.
A su vez, fuentes vinculadas a la causa señalan que la defensa de Délano y Lavín pedirían la reapertura del caso, dado que solicitaron diligencias que aún están pendientes.
