De la revolución Pingüina en 2006, protagonizada por estudiantes secundarios que marchaban a favor del derecho a la educación –”abajo la LOCE”–, pasamos a las movilizaciones encabezadas por universitarios en 2011, los cuales exigían una educación universitaria “gratuita y sin lucro”. Hace 3 años, comenzó a gestarse nuevamente en el corazón de los estudiantes secundarios un nuevo lema frente al alza del pasaje del Metro: “Evadir, no pagar, otra forma de luchar”. Fue entonces que el salto de torniquetes, acompañado por el cómodo alegato digital, derivó en lo que hoy conocemos como el estallido social. Lo que a inicios de siglo era un grito más de élite, terminó por transformarse en un “cacerolazo popular”.
La forma que adquirió la manifestación aquel día opacó por completo el cúmulo de legítimas frustraciones que tenía gran parte de la ciudadanía. Lamentablemente, la violencia se tomó las calles, ocultándose tras el malestar que aquejaba a miles de personas, y que la clase política no supo abordar, aunque muchos de ellos, si supieron justificar. Recién el 25 de noviembre de 2019 se vislumbró algo de luz con el acuerdo por una Nueva Constitución, mas erramos el camino al “poner todos los huevos en la misma canasta”. Tras varios meses de farra constitucional, la propuesta de la Convención fue rechazada, y en ese tránsito, la coalición del FA y PC llegó al poder.
¿Dónde estamos hoy? En un lugar incierto. Sin Constitución, con millones de personas que siguen en las listas de espera en salud, con pensiones desfondadas, con brechas educativas profundizadas por la pandemia, con un significativo déficit habitacional, y un nivel de delincuencia que pareciera crecer y crecer cada día. Este último punto preocupa bastante, pues los hechos de violencia han pasado a ser el pan de cada día de una sociedad que vive constantemente atormentada. De alguna manera, aquel 18 de octubre produjo una mirada permisiva con la violencia cuyas consecuencias observamos hoy en el norte, centro y sur de Chile.
Hemos quedado estancados en la trampa de los países de ingreso medio. Chile está pidiendo a gritos conformar una sociedad en que sea la gente el centro de las labores del gobierno; un país en el que se pueda vivir en paz y dignamente, y en el que los cambios sociales necesarios puedan avanzar de una vez por todas. Sin soluciones extremas, ni mucho menos refundacionales. El trayecto hasta aquí recorrido ya nos ha demostrado que ese no es el camino.
Estando ad portas de un nuevo proceso constitucional, necesitamos un rumbo claro y responsable para dar gobernabilidad a nuestro país, lo que hace indispensable volver a pensar y repensar los pasos que hemos dado. Un necesario punto de partida para esto es la educación. En su ausencia o mala calidad está el origen de las desigualdades y donde los problemas de convivencia nacen, como nuestra historia reciente lo ha mostrado. ¿Y si entonces comenzamos desde el inicio? Para eso, lo primero, es validar el rol de los profesores, regresándole aquella autoridad que se le quitó hace tanto tiempo; en otras palabras: regresar al origen.
Sebastián Izquierdo R.
Coordinador Académico del CEP.
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