25 de octubre: el rechazo no es el camino para el cambio

El domingo 25 de octubre tendremos dos papeletas. La primera nos permitirá votar por aprobar o rechazar la idea de una nueva Constitución. La segunda definirá qué órgano será el que redacte el nuevo texto en caso que gane la opción apruebo. El primer voto apunta al centro de la discusión constitucional. Dos opciones, dos caminos. Ahora examinaremos uno de ellos y en una próxima columna el otro.

Votar rechazo significa que la ciudadanía no quiere una nueva Constitución y que su opción es mantener la actual. Algunos proponen que el camino próximo, y eventual, sería la reforma constitucional del texto vigente. Hablo de «eventual», pues, siendo directos, nada obliga a reformar la Constitución en el escenario de un triunfo del rechazo. El camino constitucional hacia un nuevo texto sólo opera en el caso que gane el apruebo. Ninguna norma impone el deber de presentar una reforma constitucional.

No obstante, realicemos un examen a la idea de reforma constitucional. El texto actual ha sido modificado en 52 oportunidades desde 1989, con más de 300 cambios puntuales y el problema constitucional se mantiene. La reforma del ex Presidente Lagos -la más densa de las reformas constitucionales- demoró 5 años en su tramitación y básicamente se abocó a la eliminación de los llamados enclaves autoritarios. Lo principal de una Constitución son dos cuestiones: el régimen político y el sistema de derechos fundamentales. Sin embargo, ambos asuntos casi no fueron tocados en esos 5 años. Esto muestra que la reforma es el camino más largo y se traza por el mismo derrotero seguido hasta ahora, pero en un Chile política, social y culturalmente diferente.

Seguidamente, el diseño de incentivos para reformar es escaso. Por ejemplo, es claro que tenemos que modificar el híper-presidencialismo, pero la reforma radica en el Congreso y el Presidente(a) la facultad de tener que auto reformarse. Si se quiere instituir o no un Congreso unicameral, o si el Ejecutivo tendrá menos atribuciones, lo tendrán que resolver los propios incumbentes. Ello, en un contexto donde el Presidente(a) tiene derecho a vetar la reforma que emane del Congreso en caso que no sea de su agrado. Sumemos que la reforma podría ser objeto de control por parte del actual Tribunal Constitucional. En la discusión del retiro del 10% se amenazó con ir a este Tribunal, por lo que no es ilógico pensar que la reforma podría terminar zanjándose en esta tercera cámara.

Luego, tenemos que considerar que la reforma constitucional no es una hoja en blanco, sino una hoja escrita (la actual Constitución). En ella, sólo se puede modificar cuando se obtiene el quórum de 3/5 o 2/3, operando en favor de quienes son partidarios de la actual Constitución, pues sólo les resta vetar para mantener su texto. La hoja escrita es una cancha desnivelada.

A todo esto, el Congreso seguirá realizando las mismas labores que hasta ahora. Fiscalizando al Gobierno y elaborando leyes. Pero, ¿qué pasa si el próximo Presidente tiene minoría en una o ambas cámaras, como ocurre hoy? Tendremos una relación trabada y bloqueada entre Ejecutivo y Legislativo y en plena tramitación de la reforma. Es posible considerar que la traba y el bloqueo también se transmita a la reforma como expresión de la pugna Gobierno/oposición. Es decir, y en resumen, parece que el camino de la reforma no es el camino a la nueva Constitución y tampoco el camino hacia otra Constitución. No hay ningún incentivo institucional ni político para ello.