¿35, 40 o 41 horas?

No repetiré ad nauseam los argumentos a favor o en contra de este proyecto de ley. Me referiré más bien al vicio arraigado en el sistema político de tratar de "anotarse porotos con leyes", sin contemplación por a) la factibilidad de su implementación, ni b) por los impactos directos o indirectos de las mismas. El caso de las 40 horas es emblemático, pero de ninguna manera único. Lo mismo ocurre con grandes proyectos o programas. El Transantiago es lo obvio, pero si se suman reformas tributarias, laborales o educativas la lista es infernal.

Este vicio se da por la estructura constitucional del país. Ciclos presidenciales de cuatro años sin reelección, sumados a las municipales a mitad de camino, dan lugar a este fiero boxeo de corto plazo, cuya motivación electoralista supera con creces las visiones de largo plazo y los análisis de implementación e impacto de las leyes o grandes proyectos. Estos análisis incluso son indeseables, no sea cosa que queden en evidencia las irresponsabilidades de algunos. Sufren así el desarrollo del país y sus ciudadanos.

A reserva de un cambio constitucional, aquí van dos propuestas "pobres pero honradas" para paliar el problema. La primera es la instauración formal de un "Informe de Implementación e Impacto de la Ley". Hoy, se exige la elaboración de un Informe Financiero, que Hacienda anexa a cada proyecto que va al Congreso. Se estima, a veces a dedo, otras certeramente, cuánto le costará dicha ley al Fisco. ¿Por qué no exigir además este Informe de Implementación e Impacto, que muestre el cronograma de su desarrollo, los recursos humanos e institucionales requeridos, la interacción con otras normativas, una evaluación de riesgos técnicos, comunicacionales, organizacionales, y normativos; así como una predicción de sus impactos directos e indirectos? Costo casi nulo, ganancias sociales enormes.

En segundo lugar, el Presidente de la República le ha solicitado al Consejo Asesor Presidencial para la Modernización del Estado las bases de diseño para una Agencia de la Calidad de las Políticas Públicas. Iniciativa propuesta en cada programa presidencial del 2004 en adelante, ya es imperativo concretarla. Se necesita que alguna instancia autónoma pueda evaluar la implementación e impacto de cualquier tipo de ley, programa o servicio público ya existente, y publicar ampliamente sus resultados. Hay que poner límites a la irresponsabilidad política a la hora de legislar y/o gestionar el Estado.

La segunda propuesta, incluso antes de consensuar o tramitar dicha Agencia: ¿por qué no licitar y asignar de inmediato a alguna universidad de prestigio el inicio de estas actividades de manera piloto? Costo casi nulo, ganancias políticas y sociales enormes.