A 100 años de la Ley de Educación Primaria Obligatoria: la permanencia del debate

Por Alejandra Falabella, Juan Eduardo García-Huidobro y María Teresa Rojas Fabris, Universidad Alberto Hurtado

El próximo 26 de agosto se cumplen cien años de un hito fundamental en la historia de las políticas educativas en Chile: la publicación en el diario oficial de la Ley de Educación Primaria Obligatoria -LEPO- (1920). Esta conmemoración es una oportunidad para recordar cómo los debates en torno a la educación poseen permanencia en el tiempo.

La LEPO estableció la obligatoriedad de toda niña y niño de asistir a la escuela, hasta al menos cuarto año de educación primaria (lo que luego se extendió a 6º año en 1929). Ello constituye un hito en la historia de la expansión de la cobertura educacional en Chile, que posibilitó el acceso a las escuelas de niños y niñas del bajo pueblo. Usando un lenguaje contemporáneo, fue una política educativa de inclusión social. No era la época en que las élites se preguntaban por la diversidad cultural del alumnado, por sus necesidades educativas especiales o por el respeto a las culturas de los pueblos originarios. El anhelo de la masificación de la enseñanza, no obstante, abrió la puerta para que esa discusión se instalara décadas más tarde.

En 1920, las élites del país consensuaron la necesidad de instruir y alfabetizar las clases populares, lo cual representó un avance en cobertura, expansión e integración escolar. Después de 20 años de debates, desde el primer proyecto de la ley en 1900, el consenso, casi inobjetable, era que todo niño y niña se debía educar dentro del sistema educativo. Las grandes disputas ideológicas, sin embargo, reanimaron la discusión en torno al Estado docente versus la libertad de enseñanza y el poder de la Iglesia, que había comenzado en el siglo XIX. De ese modo, los debates parlamentarios oscilaban entre las ideas conservadoras que denunciaban el peligro de otorgarle tanto poder al Estado en desmedro de las familias y, especialmente, de la acción moralizadora de la Iglesia católica; hasta las opiniones de radicales y liberales, que veían en la ampliación del Estado docente una herramienta de modernización del país.

La puesta en marcha de la LEPO fue, eso sí, más deseo que realidad; fue lenta, con insuficientes recursos fiscales, y tuvo mayor impacto en las ciudades que en las zonas rurales. No obstante, la ley representó un logro en la consolidación de la idea del Estado docente que perduró buena parte del siglo XX. No solamente estableció que la educación primaria fuese obligatoria, sino que era el Estado el que debía definir, por sobre la decisión de las familias, que la educación era un derecho social para todas las niñas y niños del territorio chileno. 

Tales avances expresaron, sin embargo, una falta de reconocimiento hacia el saber popular. La noción del “niño del pueblo” aludía a un sujeto incivilizado, desprovisto de saber, incompleto y sumido en la ignorancia que requería formación moral. La educación tenía una acción civilizatoria, en tanto se esperaba que posibilitase formar a personas respetuosas del orden institucional, las costumbres y las normas. Aquí radica la paradoja de las políticas educativas que favorecen la inclusión social, desde el inicio del Estado republicano en el siglo XIX: por una parte, ampliaron los derechos de las personas y consolidaron escenarios de mayor participación y movilidad social; por otra, reforzaron la representación de un “otro” -el educando-, sujeto al que se le asigna el derecho a tener un lugar en la escuela, para integrarlo a un orden moral ajeno.

La LEPO, de cualquier modo, marca un hito en el desarrollo del sistema escolar y, guardando las distancias históricas, nos parece que la Ley de Inclusión Escolar, es otra referencia dentro del mismo proceso, pero esta vez, en el siglo XXI, en un escenario de mercantilización de la educación y de una profunda y multidimensional segregación.

La Ley de Inclusión fue aprobada el año 2015, tras un largo debate parlamentario en torno a la eliminación de la selección de estudiantes, del copago y del lucro en la escuela. Incluso, este debate se prolongó al año pasado, con el proyecto de “Admisión justa”, que buscaba flexibilizar el término de la selección estudiantil. En estas pugnas nadie discutía sobre la obligatoriedad de la educación primaria o secundaria. No obstante, el término o la prolongación de la selección de alumnos reactualizó el debate en torno a la injerencia del Estado, el derecho de las madres y padres a elegir las escuelas, el derecho del Estado a intervenir en la composición social del alumnado, y el límite entre lo público y lo privado en la educación.

A 100 años de la LEPO, las preguntas por la diversidad y la inclusión sociocultural en la educación irrumpen en Chile en el siglo XXI, ya sean las referidas a la inclusión de clase, etnicidad, género o la diversidad sexual. De esta forma, se reactualiza la discusión por el papel del Estado en la promoción y resguardo de este derecho. Hace cien años se logró legislar para que toda la infancia pudiera asistir a la escuela primaria. Hoy debemos seguir abogando, para que niñas y niños cuenten con condiciones para desarrollarse y formarse con seguridad en sí mismos, posean referentes plurales, tanto entre los docentes como en el curriculum escolar, de forma que estas identidades étnicas, de clase y género se visibilicen y posean legitimidad en la escuela. El Estado sigue siendo fundamental en este desafío.