La semana pasada se conoció una sentencia de la Corte de Apelaciones de Antofagasta por un recurso de protección presentado por una profesora pidiendo retirar los fondos acumulados en la AFP, con el argumento de que se estaría vulnerando el derecho de propiedad. El caso aún no está cerrado porque debe ser ratificado por la Corte Suprema, pero es suficiente para reflexionar sobre el vacío que tenemos en el sistema de pensiones y sobre la urgencia de llenarlo.
Como el ejemplo perfecto del concepto de “fabricación del consentimiento” acuñado por Noam Chomsky, desde los inicios de la imposición del sistema de AFP en los años ’80 y hasta hoy, muchos han usado política e ideológicamente el argumento de que somos dueños de nuestros fondos de pensiones para fabricar consentimiento con el individualismo y la acumulación desigual de riqueza. Sin embargo, la realidad es que el sistema de AFP es un sistema de pensiones. No un sistema de seguridad social, pero sí un sistema de pensiones.
La seguridad social se basa en el principio de la solidaridad, bajo el cual las personas aportan en momentos de su vida en los que pueden y en función a lo que tienen, y acceden en momentos en su vida en los que necesitan, en base a lo que se necesita (derechos) y a protocolos de acceso públicos (edad mínima de jubilación). Por ejemplo, en Nueva Zelandia el derecho es un monto de suma fija igual para todos(as) los(as) ciudadanos(as) mayores de 65 años. En Austria, es un porcentaje del salario según los años que se ha cotizado. Además, la seguridad social es responsabilidad pública, por lo tanto, administrada por una institución pública. La Constitución de 1980 de manera un poco engañosa titula el inciso 18 del artículo 19 “el derecho a la seguridad social”, cuando en realidad permite que el DL 3500 reemplace este derecho, sin ser realmente seguridad social.
He aquí el vacío. Si se permite, como en Perú se hizo hace algunos años, el retiro de los fondos, las pensiones bajarán considerablemente porque no existe un sistema de seguridad social. Ahora bien, contrario a esto, los(as) trabajadores(as) han acumulado más del 80% del PIB en cotizaciones, pero el sistema anualmente paga en pensiones autofinanciadas el equivalente a menos del 2% del PIB. Obviamente, se podrían pagar mucho mejores pensiones, pero para eso necesitamos una institucionalidad pública que pueda albergar las cotizaciones y necesitamos urgentemente definir el derecho a la seguridad social. Tenemos la gran oportunidad de crear un sistema de seguridad social moderno, sostenible y con beneficios altos. A ver si nos sentamos a llenar el vacío, de otra forma nos caeremos en éste.
