A un año de Cúcuta
Este fin de semana se cumple un año desde que el Presidente Sebastián Piñera fue a Cúcuta para expresar su apoyo a la población venezolana y el rechazo a la violación de los derechos humanos cometida por el régimen de Nicolás Maduro. Recién hace unas semanas me tocó escuchar el testimonio de una familia venezolana, donde el padre es un militar que escapó de la dictadura. Al llegar a la frontera chilena solicitó refugio, pero le fue denegado su acceso al procedimiento. Ante eso, atravesó junto a su señora y sus hijos de nueve y seis años el desierto nortino, que tiene minas antipersonales.
De seguro, nadie esperaba en Chile que, a un año de Cúcuta, nos encontráramos con niños venezolanos atravesando por un campo minado. En el Servicio hemos recibido incluso el testimonio de padres que pasaron caminando por la orilla del mar con su guagua de tres meses. En este primer aniversario del encuentro entre mandatarios, los datos son contundentes: Chile ha sido el tercer mayor receptor de personas venezolanas del continente; pero durante 2019, los ingresos regulares fueron disminuyendo drásticamente (en enero el saldo neto fue de 16.393 y el de diciembre 38), mientras que los ingresos por pasos no habilitados de personas venezolanas aumentaron exponencialmente (pasó de 101 en 2018, a más de 3.000 en 2019).
En la práctica, hoy casi no migran personas de Venezuela a Chile, pero la crisis allá continúa. ¿Debe o puede Chile hacerse cargo de lo que se vive en Venezuela? Obviamente no. Desde un principio, en el Servicio Jesuita a Migrantes señalamos que ante una realidad regional debe haber una respuesta regional. La respuesta en el continente ha sido dispar. Perú, luego Chile y después Ecuador, aumentaron las restricciones para el ingreso de personas venezolanas. Por otra parte, Brasil, Paraguay y Uruguay, en 2019, reconocieron a grandes cantidades de población venezolana como refugiada. Tanto así que Brasil en un solo día reconoció a 21.000 venezolanos como refugiados; el doble de lo que dicho país había otorgado en toda una década. Los organismos internacionales han señalado que la mayoría de las personas venezolanas cumple con el perfil de refugiado. En Chile, a junio de 2019, se habían reconocido a siete personas su calidad de refugiadas. Ninguna de Venezuela.
Colombia, que para este año se espera que tenga dos millones de personas venezolanas dentro de su territorio, creó un permiso especial temporal de trabajo o el permiso especial de permanencia, ambos con foco en la regularización migratoria. Ha sido el propio canciller de dicho país quien señaló que la "crisis migratoria en Venezuela no se detiene con medidas restrictivas".
Lo que era un tema diario en Chile, la crisis en Venezuela, hoy nadie la nombra. Queda en el recuerdo ese respaldo y apertura a la población venezolana. La crisis continúa, el silencio no la calla.
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