SEÑOR DIRECTOR

Los polémicos dichos de dos abogados, jactándose de su profesión para mostrar superioridad y obtener beneficios, no solo muestran arrogancia, según indica el presidente del Colegio de Abogados en su edición de ayer, sino que, además, constituyen una afrenta al estado de derecho.

Estas palabras no exageran. Una de las finalidades de los sistemas jurídicos es orientar la conducta de las personas por medio de reglas. Cuando lo hace bien, se dice que se conforma con el ideal del estado de derecho. Así, el estado de derecho es la virtud de los ordenamientos jurídicos.

Una de sus exigencias, naturalmente, es que las reglas sean conocidas y claras. Sin embargo, esto no solo impone un deber a la autoridad -quien crea la regla- de publicitarlas y no confundir al ciudadano, sino también a los privados que están entrenados en el conocimiento del derecho: a los abogados. Un sistema jurídico en forma les exige no aprovecharse de sus conocimientos técnicos.

El problema, entonces, no es solo moral o de buenas costumbres, sino también jurídico. En su libro "La gran degeneración", Niall Ferguson sostuvo que hemos pasado del imperio del derecho al imperio de los abogados, donde el uso de las reglas jurídicas en su propio beneficio ha reemplazado a la búsqueda de un interés general.

Este decaimiento en la legalidad debiese ser fuente de preocupación política.

Fernando Contreras

Investigador del Instituto de Estudios de la Sociedad

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