Por Juan Ignacio Brito, periodista
“Desconfinamiento” es la palabra de moda. Después de semanas de cierre obligado, se experimenta con reabrir centros comerciales, se proponen planes de “retorno seguro” a clases y se discute cómo cuadrar el calendario electoral. Hasta los manifestantes tratan de recuperar en la Plaza Baquedano el impulso perdido a raíz de la pandemia.
Mientras tanto, las iglesias siguen cerradas. Hay justa inquietud por el efecto económico de la crisis, así como por las consecuencias del encierro en la salud mental, la enseñanza escolar y universitaria, los hábitos de consumo, la convivencia familiar, la práctica deportiva, la alimentación, etc. A pocos parece preocupar, en cambio, que una porción importante de los chilenos esté impedida de asistir a templos y recibir los sacramentos.
Es obvio que las iglesias deben acatar las disposiciones sanitarias, en especial las que se refieren al distanciamiento social y las aglomeraciones que pueden provocar el contagio. Pero también lo es que existen maneras de rendir culto sin violar esas normas. Actuando en contra de esta obviedad, la Corte Suprema dio la semana pasada un portazo a un recurso de protección presentado por laicos católicos de Los Ángeles, quienes pedían a la justicia dejar sin efecto una orden arbitraria del seremi de Salud del Biobío que ordenó clausurar todas las iglesias de esa diócesis.
Como el cierre generalizado de iglesias ocurre en medio del silencio de la mayoría de los obispos, los laicos han debido arreglárselas como han podido. Un colegio católico santiaguino, por ejemplo, decidió impartir algunos sacramentos. La medida permitió que cientos de fieles que no habían podido confesarse ni comulgar lograran hacerlo. Sin embargo, varios informativos y matinales de televisión “denunciaron” la medida, pese a que las imágenes que ellos mismos emitieron mostraban a fieles y sacerdotes respetando estrictamente las disposiciones de higiene y distanciamiento.
La imposibilidad de recibir los sacramentos o de orar frente a Cristo sacramentado equivale a una amputación, pues cercena una dimensión clave de la persona humana. Es por esa razón que nuestro ordenamiento constitucional y los compromisos internacionales a los que adhiere el Estado chileno en materia de derechos humanos reconocen la libertad religiosa como una garantía que no puede ser conculcada.
Para los creyentes, la fe no es una opción, sino una necesidad más prioritaria que los requerimientos materiales que ahora están en proceso de desconfinamiento. Por ello, la autoridad civil y religiosa debe facilitar la reapertura de las iglesias, cuidando que ellas no se conviertan en foco de contagio, pero terminando con la cuarentena en que se halla la práctica religiosa.
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