Abrir información para crear confianza

El acceso a la información es un derecho humano fundamental, así lo expresan diversas legislaciones nacionales que están ancladas, a su vez, en distintos cuerpos legales como tratados y convenciones en el ámbito del derecho internacional, que finalmente lo consagran. En momentos donde el mundo atraviesa la peor crisis de salud de los últimos 100 años -con sus consecuencias aún insospechadas en materia social y económica- y con un estado de excepción constitucional mediante, este derecho cobra aún más importancia. En efecto, tal como nos recuerda la primera resolución de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de este año, pasa a ser aún más relevante en un contexto de pandemia “la transparencia y el acceso a la información pública respecto de la pandemia y las medidas que se adoptan para contenerla y enfrentar las necesidades básicas de la población, así como la preservación de la privacidad y la protección de datos personales de las personas involucradas”.

En contextos como el nuestro, además, donde la confianza en las instituciones pasa por su peor momento, la disponibilidad de información es clave para que los ciudadanos legitimen y obedezcan las instrucciones y las decisiones que adopta la autoridad (mención vergonzosa, aparte, el poco sentido de comunidad y solidaridad de quienes, desatendiendo los llamados de la autoridad, buscaron salir de la ciudad en el fin de semana largo).

En los últimos días se ha abierto una suerte de polémica que tiene dos aristas. Por un lado, la disponibilidad de información, así, por ejemplo, hay datos sobre contagiados y fallecidos, pero falta aún información sobre número de exámenes por procesar y desconcentración de casos por centros hospitalarios. Al tiempo, es preciso informar sobre los fundamentos, metodologías y datos utilizados para aplicar medidas más restrictivas, como por ejemplo cuarentena total u otras, y los criterios para proceder a su levantamiento. Del mismo modo, sigue siendo imprecisa la información sobre la compra de respiradores y la disponibilidad que tendremos de estos en los momentos en que la situación se torne crítica.

Por otro lado, la polémica se refiere también a la calidad de los datos. Se creó recientemente una mesa de datos a cargo del Ministerio de Ciencia, pero lo que está disponible finalmente es la reelaboración de un archivo en formato PDF con información que provee el Ministerio de Salud. Vale la pena recordar que los principios internacionales de datos abiertos a los que Chile ha adherido, establecen que estos deben estar en formatos abiertos, que deben ser oportunos y exhaustivos, comparables e interoperables, entre otros.

Es cierto que ningún gobierno, ni aún en las mejores condiciones, ha podido evitar contagios y muertes a partir de una enfermedad que aún no tiene cura en el mundo. No obstante, hay países que claramente lo han hecho mejor que otros y han logrado que la población genere altos grados de confianza y valoración respecto a las decisiones que adopta la autoridad. Si queremos avanzar por esta senda, hay sin duda muchas cosas por hacer aún, pero lo principal es que sea la propia autoridad la que tome medidas proactivas, más allá incluso de las obligaciones legales, para que logremos hacer de esta batalla un compromiso donde todos se sientan llamados a la coresponsabilidad.