Por Yanira Zúñiga, profesora titular del Inst. de Derecho Público, Universidad Austral de Chile
El “mayo feminista”, es decir, una paralización de una quincena de universidades en 2018, es el precursor del proyecto de ley sobre acoso sexual en el ámbito académico, recientemente aprobado por el Senado. Como todas aquellas verdades incómodas, ampliamente conocidas pero silenciadas por pactos no escritos, bastó que esa protesta descorriera el velo para que, a partir de ahí, emergieran los relatos que mostraban la cotidianidad y la normalización de la violencia sexual en las universidades.
Seguramente, la nueva ley contribuirá -como antes lo hicieron los protocolos que dictaron numerosas instituciones- a que las cosas evolucionen. Por de pronto, dicha ley viene a reafirmar que los tiempos ya no están para negar o relativizar el acoso sexual ni para responsabilizar a las víctimas en lugar de a los agresores. Previsiblemente, la citada ley mejorará también las posibilidades de que las universidades usen su potestad normativa y disciplinaria para prevenir, investigar y sancionar estas conductas. Gracias a ella, la tolerancia frente al acoso sexual devendrá una decisión costosa para estas instituciones pudiendo obstaculizar su acceso a fondos públicos.
Sin embargo, no debiera darse por sentado que esta u otra ley interrumpirá, de buenas a primeras, una cultura de relativización del acoso sexual que transciende a las universidades, ni tampoco subestimarse la amplitud de las resistencias frente a estos cambios. De hecho, con pasmosa regularidad, tales cambios son seguidos de reacciones conservadoras destinadas a reconquistar, total o parcialmente, el poder perdido (en sociología a este fenómeno se le llama “backlash”). Muchas de estas reacciones se parapetan en estrategias de resistencia no explícita, apelan al discurso de los derechos o se sirven de la victimización.
Varios estudios demuestran que a medida que el tratamiento de la violencia sexual ha empezado a endurecerse -sin importar si esto se ha traducido o no en criminalización- ha emergido una verdadera industria del litigio.
En Chile, no hemos estado ajenos a este fenómeno. Sin ir más lejos, la propagación de denuncias formales o informales (en redes sociales) de violencia sexual ha generado la multiplicación de recursos de protección y de querellas por injuria contra las denunciantes. Lo propio ha ocurrido con las sanciones aplicadas por las universidades y otras instituciones en el marco de sus protocolos, las que han sido objeto de profusa judicialización. Sea que esas acciones judiciales prosperen o no, o incluso si se quedan solo en calidad de amenazas, ellas tienden a provocar efectos disuasivos que ralentizan o neutralizan tales transformaciones. Queda, entonces, mucho camino por andar y toda una historia por contar, en los que la sinceridad de los discursos políticos e institucionales contra la violencia sexual será puesta a prueba.
