Por Hernán Cheyre, Centro de Investigación Empresa y Sociedad UDD
La situación en que se encuentra actualmente la economía chilena como consecuencia de la pandemia es objetivamente muy mala. Y si bien hay signos que permiten anticipar el inicio de un proceso de reactivación, la “inclinación” de la curva y su proyección en el tiempo va a depender en gran medida de la robustez que exhiba la recuperación de la inversión. Lamentablemente, los factores de incertidumbre que se han instalado durante el último año van a entrabar este proceso.
Más allá de lo que podría explicarse por la pandemia, hay otras fuentes de incertidumbre que siguen latentes: el riesgo de un rebrote de la violencia y la incerteza que surge del proceso de discusión constitucional que se avecina. Es plenamente entendible que en un escenario de esta naturaleza haya decisiones de inversión que se postergan, lo cual obviamente ralentiza el necesario proceso de fortalecimiento en la capacidad de crecimiento de la economía, única fuente estable de generación de empleos de mayor calidad, de mejores salarios y de la mayor recaudación tributaria requerida para financiar las necesidades de gasto fiscal. ¿Cómo atenuar estos riesgos? El mundo político tiene la llave para ayudar a desenredar esta madeja.
En lo que respecta a la violencia, todavía no se observa una actitud decidida en todos los sectores para condenar hechos de este tipo. Ya sea por temor a ser impopulares o porque en el fondo no están realmente convencidos del problema; son varios los que se limitan a declaraciones de carácter general manifestando una condena, pero ante manifestaciones concretas responden con evasivas o simplemente miran para el lado. Y en el ámbito de nuestro ordenamiento institucional, la forma en que está evolucionando el proceso de discusión de una nueva Constitución, con un carácter de “hoja en blanco”, abre un cuadro de incertidumbre de grandes proporciones. Es inevitable que esto tenga un efecto en el devenir económico -especialmente en materia de inversiones-, y ello no invalida la elaboración de un nuevo texto, si una mayoría ciudadana así lo decide.
En lo que sí puede aportar el mundo político es en lograr acuerdos en el corto plazo respecto de aspectos fundamentales que se comprometan a defender durante el proceso. En temas como el derecho de propiedad, la autonomía del Banco Central y la iniciativa exclusiva del Presidente en ciertos temas, por mencionar los más citados, sería de gran utilidad al menos intentar la posibilidad de generar un máximo común denominador a partir de todo aquello en que haya una visión compartida. No se trata de entrar a “negociar” aspectos específicos, porque no es el momento, sino simplemente de lograr armar un marco de acuerdos básicos que entregue orientaciones que permitan, al menos en las materias en que haya acuerdo, despejar nubarrones que están dificultando el proceso de recuperación, por el efecto que esta incertidumbre genera en las decisiones de inversión y de contratación. Con buena voluntad, al menos valdría la pena hacer el intento.
