Acuerdo de seguridad nacional

Por Manuel Guerra, fiscal jefe de la zona Oriente

Desde mediados de los años 90, la seguridad pública es una de las preocupaciones mas relevantes de los chilenos. Así, la necesidad de vivir en una sociedad mas segura y libre de delitos de mantiene constante en la mirada de nuestra ciudadanía.

Chile,  junto a Uruguay y Costa Rica, es el país mas seguro de la región, pero presenta índices preocupantes de robos violentos y, por otra parte, el tráfico de drogas muestra una fuerte capacidad para controlar los barrios vulnerables, reemplazando al Estado como agente de control social en los lugares mas afectados por la delincuencia.

La delincuencia es un fenómeno multicausal en que diversos factores tienen incidencia, por lo que la respuesta del Estado creando delitos por cada situación contingente y elevando penas surte escasos efectos.

Por ende, surge la interrogante de cómo mejorar la respuesta al fenómeno de la delincuencia. Lo primero es poner término al frenesí legislativo de delitos y penas a la que nos hemos acostumbrado. Segundo, dejar de hacer un uso político de este tema mediante el populismo penal y la restricción de libertad como única medida. Tercero, y sin duda lo mas importante, generar un acuerdo nacional por la seguridad.

El acuerdo nacional por la seguridad debe tener ciertos ejes esenciales. En primer término, debe tratarse de  una política de Estado y no de gobierno, a fin de evitar su politización, siendo fundamental que sea el resultado de un proceso de análisis y decisión que vaya más allá de los actores institucionales estatales involucrando a la sociedad civil, además de tener un espacio de permanencia no inferior a los 10 años, sin perjuicio de las adaptaciones a una realidad cambiante como la que enfrentamos. A su vez, debe poner un fuerte énfasis en la prevención social de los delitos. Factores como la pobreza, la deserción escolar, el temprano consumo de alcohol y drogas, los problemas de salud mental, y violencia intrafamiliar, no pueden estar ausentes en el debate que se genere.

Por otra parte, la prevención policial requiere evaluar las actuales formas de trabajo, estableciendo objetivos a alcanzar en el corto y largo plazo, los cuales sean medibles, incentivando la mayor participación de los municipios en la materia debido a su mayor conocimiento y vinculación al territorio.

La persecución penal de los delitos debe enfocarse en objetivos concretos, en donde la tasa de esclarecimiento de delitos debe ser un factor a considerar en la asignación de recursos y evaluación de la Fiscalía como de organismos auxiliares que trabajan en la investigación de los delitos.

Por último, es fundamental abrirse a alternativas diversas a la cárcel a objeto de poder rehabilitar y reinsertar socialmente a quienes cometen delitos. Por lo mismo, resulta del todo necesario involucrar al mundo privado generando espacios laborales para quienes han delinquido a efectos de poder ofrecer una alternativa  a quienes son objeto del estigma que implica una sanción penal.

En síntesis, existen dos caminos: seguir haciendo lo mismo que hasta ahora, siendo meros espectadores de ver cómo avanza la delincuencia y como el narcotráfico sigue enquistándose en la sociedad chilena en medio de las recriminaciones de los actores políticos; o la otra, trabajar seriamente sobre la base de evidencia y datos comprobables, a fin de diseñar una política de estado integral que permita avanzar en la obtención de resultados concretos los cuales resultan esenciales para la construcción de un país desarrollado.