Un acuerdo por la paz y las instituciones

El acuerdo alcanzado en la madrugada del viernes en el Congreso por un amplio arco de los partidos políticos para emprender un proceso constituyente ha sido una señal esperanzadora para nuestra democracia, revitalizando el valor de los acuerdos y fortaleciendo la importancia de las instituciones en momentos de crisis. Al haber recogido con celeridad el llamado que hizo el Presidente de la República para construir un gran acuerdo nacional por la paz, y consensuar un acuerdo que implicó renuncias de todas las partes, se entregó una potente señal de unidad y paz social justo cuando el país más lo requiere. Así, las fuerzas políticas que rubricaron el acuerdo han dado muestras de responsabilidad y entendimiento de lo que está en juego, y aquellas que prefirieron restarse, como el Partido Comunista, tendrán que hacerse cargo de su decisión frente a la ciudadanía.

Los elementos centrales del acuerdo constitucional -donde habrá un plebiscito de entrada, elección de parte o el total de los constituyentes, y un plebiscito de salida- conforman un marco razonable, pero aún es indispensable despejar una serie de aspectos tal que aseguren que será un proceso justo para todas las partes y por esa vía se logre un buen resultado. Por ello los partidos deben seguir trabajando con la misma buena fe demostrada hasta ahora, asegurando que todas las visiones tendrán la posibilidad de expresarse libres de coacción o presiones.

Y si bien es altamente significativo que la política esté haciendo su trabajo, no debe perderse de vista que quizás lo más relevante del proceso que ahora se abre es que finalmente será posible contar con una Constitución validada por todos los sectores, dejando atrás algo que ha sido fuente de constante controversia desde el retorno de la democracia. El país podrá, por lo tanto, pronunciarse si quiere mantener la actual carta -cuya forma actual fue configurada en los acuerdos de 2005-, ya sea ratificándola en el plebiscito de entrada, o bien rechazando el texto que propongan los constituyentes, o bien optar por el nuevo texto que surja del proceso.

Cualquiera de estos caminos nos conducirá a una Constitución plenamente validada, que ya no podrá ser objetada. Para esto resulta fundamental que represente a la gran mayoría, y por lo mismo parece necesario reintroducir el voto obligatorio, para asegurar la participación ciudadana.

Junto con el rol que han desempeñado los partidos, otro elemento bienvenido que se pudo observar en este proceso ha sido que el Presidente de la República optara por restarse del protagonismo y delegar en su nuevo equipo político las negociaciones del acuerdo, una prueba que a juzgar por los resultados ha sido sorteada satisfactoriamente, en particular por el nuevo ministro del Interior. Ello podría anticipar que habrá un nuevo diseño en la forma como venía funcionando el gobierno, con más presencia de los ministros y actuaciones más acotadas del mandatario.